Nebaj, departamento de Quiché, Guatemala.

En la región ixil, a las faldas de la cordillera de los Cuchumatanes, los pormenores sobre las batallas legales que empantanaron durante tres largas semanas el histórico juicio contra el ex dictador Efraín Ríos Montt en la capital, donde unos intentaban hundirlo y otros trataban de salvarlo, fueron recibidos por los sobrevivientes del genocidio apenas como ecos de una mala noticia más, en una larga historia de tragedias.

Nada parecía mellar la certeza de las víctimas, hoy en su papel de parte acusadora, de estar en el camino correcto hacia la justicia. En palabras de Ana León, sobreviviente, víctima y testigo de cargo durante el juicio: Lo que pasó no es historia. Es una tristeza. Sólo hasta que el Ríos Montt esté en la cárcel, vamos a decir, te perdono señor. Sólo con la justicia me voy a encontentar un poco.

A Ana, que hoy tiene 50 años, según calcula, le mataron a sus tres hijos –de nueve, siete y año y medio– cuando entraron a su aldea, Sah’si van, un día de abril hace 31 años. Nunca recuperó los restos de sus chiquitos. Ella, su esposo y un puñado de aldeanos que sobrevivieron a esa incursión huyeron al monte, a dormir bajo el aguacero, a sufrir sin cobijo, ni tortilla ni sal. Así resistieron 15 años en la montaña. Cuando se firmaron los acuerdos de paz, en diciembre de 1996, salieron de sus escondites y bajaron a sus aldeas. Los nuevos pobladores, llevados por el ejército para ocupar sus tierras, los señalaban: Miren, ahí van los cochemontes, los saraguatos.

Ana fue una de las 10 mujeres –y 88 hombres, además de diversos peritos– que se presentaron como testigos en el juicio por genocidio durante las 20 históricas audiencias en el tribunal A de mayor riesgo, del 19 de marzo al 18 de abril, frente a la mirada fría del ex dictador Ríos Montt, de 87 años. No se sintió intimidada, dice: Pasé muchos años en silencio. Dije, mejor me voy a la capital a clamar mi tristeza, la vida me lo exigía.

–¿Y que pensó cuando se dijo que se anule el juicio? ¿Cuando pasaron todos estos días durante los que no se pudo avanzar?

–Quiere decir que para ellos nuestra palabra no sirve, que yo no valgo. Pero sí valgo. Yo dije la verdad. Si me dan para mi pasaje –¡60 quetzales ida y vuelta!, una fortuna para ella– yo vuelvo para decir mi palabra, porque esa tristeza no se puede anular, sólo se puede clamar.

–¿Y si el juicio se hubiera anulado?

Contesta Juan Velázquez, dirigente fundador de la Asociación de Justicia y Reconciliación (AJR), la organización paraguas de sobrevivientes que es querellante en el proceso. Hubiéramos seguido. No estamos vencidos.

“Porque la lucha por la justicia inicio tiene, pero final… no”, añade Antonio Caba Caba, del Centro para la Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH). Ambos, que eran niños cuando las masacres perpetradas por soldados arrasaron sus aldeas, iniciaron el camino del juicio por genocidio hace 13 años, aun antes de comprender cabalmente el significado de la palabra.

Cada uno tuvo un destino divergente. Juan sobrevivió en las montañas, en la épica de las Comunidades de Resistencia Popular (CPR) que huyeron del ejército y nunca se rindieron. Antonio quedó atrapado con su familia en una aldea modelo. Al crecer fue obligado a incorporarse a las Patrullas de Autodefensa Civil, a perseguir a sus hermanos, con su familia sometida al trabajo esclavo en la finca –destacamento donde fue recluida.

Exhumaciones, la verdad bajo el sol

El juicio, el primero por genocidio contra un ex jefe de Estado en América Latina, inició el 19 de marzo. Durante 20 sesiones desfilaron frente a los magistrados 98 sobrevivientes que dieron testimonio de las matanzas en cadena que borraron decenas de pueblos de la región ixil durante los 17 meses que duró el régimen de Ríos Montt (marzo 1982-agosto 1983): niños y ancianos macheteados, fetos arrancados del vientre de mujeres embarazadas, gente quemada viva dentro de sus viviendas, cadáveres apilados con el corazón arrancado, fusilamientos en masa, quema de cosechas, robo de menores.

Las sesiones recibieron poca cobertura en la prensa local, ninguna transmisión en vivo de la televisión y fueron recogidas por una sola radioemisora (en contraste con la profusión de detalles que brindaron las redes sociales).

Al quinto día se presentaron 10 mujeres. En su idioma, entre sollozos pero sin flaquear, refirieron la brutalidad de la violencia sexual como un mecanismo de sometimiento y destrucción colectiva. De los casos de 100 mujeres violadas documentados para este proceso, 88 eran niñas hasta de 12 años; 64 de 13 a 50 años; 25 casos de mujeres de 50 años o mayores. Las violaciones tumultuarias –que muchas veces terminaron en asesinato– se organizaban con un orden jerárquico entre la tropa. En esa estrujante jornada se tocó el meollo del caso del genocidio porque se demostró la intención de aniquilamiento físico y moral de un pueblo, dirigido no con la intención de vencer a un enemigo armado, sino a la población civil indefensa.

Se presentaron también peritajes de la Federación de Antropólogos Forenses de Guatemala (FAFG), cuyos integrantes trabajan en la exhumación de osamentas en zonas de conflicto desde finales de los 90. Solamente en el caso de los ixiles, de las cerca de mil 400 víctimas identificadas, se presentaron las autopsias de 420 osamentas identificadas por su ADN. Por sus heridas –traumas diversos en cráneo y tórax– se concluye que no murieron en combate.

Se conoció un estudio de Patrick Ball, especialista de Human Rights Data Analysis Group, quien ha aportado peritajes demográficos y matemáticos en casos similares (Kosovo, Timor Oriental, Sierra Leona, Perú, Colombia). El especialista concluyó que en los meses estudiados ocurrieron ocho veces más asesinatos de indígenas ixiles que de ladinos. Basado en los cambios demográficos de las aldeas, concluyó que el resultado es congruente con la acusación de genocidio.

Se conoció el análisis de los planes contrainsurgentes emanados de la presidencia y su Estado Mayor Presidencial en el periodo de Ríos Montt, entre ellos el Plan Sofía, que sostiene en uno de sus cientos de documentos que el pueblo ixil es reacio a cooperar con las autoridades ladinas. El 90 por ciento colabora con el enemigo. De acuerdo con el perito Héctor Rosada-Granados, estudioso del ejército guatemalteco y secretario de Paz en el primer gobierno de la posguerra, estos documentos confirman que hubo intención de eliminar a todo un pueblo y que en la cadena de mando imperante Ríos Montt tuvo la última palabra.

El peso de las pruebas precipitó el proceso, que estaba a dos o tres días de entrar en la fase de conclusiones. Una reacción no esperada de la defensa de los militares logró el 18 de abril, merced a una triquiñuela legal, una orden de anulación del juicio. En el impasse, que provocó un intenso papeleo de recursos, amparos, quejas y ocursos, se perdieron 16 días hábiles.

Cómo empezó el largo camino a la justicia

Mientras esto ocurría en Guatemala, en ese lapso, en las veredas montañosas de Nebaj, uno de los tres municipios ixiles del departamento del Quiché, Fabiana Bernal Chávez se dedicaba a excavar en la tierra roja que cubre una de las fosas comunes que proliferaron en los años de fuego, decidida a sacar a la luz lo sucedido.

Así lo documentó el diario digital Plaza Pública, que rescata en un reportaje cómo pasan los días de Fabiana, y varios como ella. Descalza, como ha vivido siempre, camina cada día desde Acul, su aldea, al cementerio que fue secreto durante décadas, Xe’xuxcap. Ella dejó ahí a su bebé, Diego, muerto por susto y desnutrición.

Fueron precisamente las exhumaciones de fosas comunes en todo el país, desde las más remotas zonas rurales hasta el propio cementerio metropolitano de La Verbena, en la capital, las herramientas con las que los sobrevivientes y el potente movimiento de derechos humanos de Guatemala empezaron a abrir la brecha de la verdad jurídica. Primero fueron los de Rabinal, norte del Quiché, Huehuetenango, Chimaltenango, Ixcán, Alta Verapaz. Suman alrededor de 2 mil fosas colectivas localizadas hasta ahora en zonas rurales.

En 1998, con el acompañamiento de la FAFG, se empezó ese trabajo en la aldea Ilom, el asentamiento más antiguo de la región ixil. Antonio Caba, quien es precisamente de allá, abre su cuaderno y muestra un croquis donde dibujó lo que su memoria guardó desde niño. Con cruces, puntos y palomas marcó los sitios de los fusilamientos, de las incineraciones, de los entierros, de los encierros. Nunca lo voy a olvidar, porque a los niños nos obligaron a caminar entre los muertos, para que los viéramos bien.

Sostiene: Así empezamos a encontrar nuestros huesos. Y eso nos animó a denunciar, explica.

En 1999 hubo un encuentro de 25 comunidades donde las exhumaciones habían sacado a luz las primeras evidencias. Cuando vimos ésto, cuando nos dimos cuenta que éramos muchos, ya se decidió planificar un juicio. Se formó la Asociación para la Justicia y la Reconciliación. En 2000 fue la asamblea fundacional y al día siguiente se presentaron los ixiles al MP para demandar. Así agarramos el camino para la justicia. Pero, cuenta Antonio, el MP sólo tomó las declaraciones y no hizo nada. Para ellos fue como si llegamos a mentir. Nos costó muchísimo, muchas amenazas, hasta una granada en la ventana de un sobreviviente que fue a prestar testimonio. A mí me mandaron a hostigar con los mozos del finquero.

En 2009 llegó a manos de Caba una prueba más, el Plan Sofía, 359 páginas de documentos y registros de las estructuras del régimen de Ríos Montt, con el objeto de planificar y aplicar una política de tierra arrasada en comunidades mayas de Quiché, según detalla la analista Kate Doyle, de los Archivos de Seguridad Nacional.

Y entonces, en lugar de citar a los responsables me citaron a mí. Me exigían los originales del plan y que dijera de dónde lo había sacado. Les contesté: miren señores, ustedes andan como cangrejo caminando para atrás. Yo soy el sobreviviente, no el asesino.

En 2010, con Álvaro Colom en la presidencia, se dio un viraje favorable. Fue nombrada en la Fiscalía General la abogada y defensora Claudia Paz y Paz, quien años atrás había trabajado en la Comisión del Esclarecimiento Histórico, primera investigación sobre los saldos de la guerra que se acordó con la firma de la paz.

Ella ordenó que se aceptara el expediente. “Pedimos entonces la desclasificación de los archivos militares. Nos dijeron que no existían, luego que estaban incompletos, al final que eran secretos de Estado. Ganamos ese recurso porque ya no hay guerra que justifique el secreto. Finalmente logramos que nos entregaran dos planes, Firmeza 82 y Victoria 82”. Todos estos documentos forman parte de las pruebas de la acusación.