Madrid, 9 de mayo.

La educación pública en España vivió una jornada de huelga y de protesta. Todos los niveles, desde prescolar hasta universitario, secundaron el primer paro general del sector contra la nueva ley impulsada por el gobierno del conservador Mariano Rajoy, y además se contó con el respaldo de profesores, alumnos y padres de familia.

La jornada de lucha culminó con decenas de manifestaciones en todo el país, en las que centenares de miles de personas exigieron la dimisión del ministro de Educación, José Ignacio Wert, y el retiro de la nueva ley de educación que incluye más recortes y fomenta la segregación por sexo en el sector infantil.

De acuerdo con los sindicatos y las asociaciones de profesores y estudiantes, la huelga fue respaldada por 80 por ciento de la comunidad, al tiempo que se desplegaron varios centros de información para explicar a la ciudadanía los motivos por los que se ha decidido expresar un frontal rechazo a la nueva ley. Según el gobierno, la huelga fue seguida sólo por 20 por ciento.

El origen del desencanto de la comunidad educativa con el gobierno español vino a las pocas semanas de asumir el poder Rajoy, en diciembre de 2011. El nuevo titular de Educación, el ultraconservador Wert, decidió imponer a rectores, profesores, alumnos y padres de familia una normativa que no negoció con nadie y que se aprobó gracias a la mayoría absoluta de los conservadores.

La normativa está a la espera de su aprobación en el Consejo de Ministros que, en una decisión inesperada, el gobierno decidió aplazar no obstante que estaba prevista su rubrica este viernes. El Ejecutivo alegó razones técnicas y detalles por afinar, al tiempo que reconoció su preocupación por la ausencia total de consenso en un asunto tan importante como la educación.

Uno de los motivos alegados para elevar la voz y el tono de las protestas que suceden desde hace más de año y medio fue, precisamente, el asunto de los recortes en la educación pública. Sólo desde 2010 se calcula que al presupuesto de la enseñanza pública se le han restado más de 10 mil millones de dólares, lo que ha supuesto una reducción drástica del profesorado, la anulación de becas y programas de ayuda, así como la desaparición de proyectos de investigación científica y tecnológica. La situación es dramática y según la comunidad educativa se está jugando con el futuro de niños y jóvenes.

A los recortes también se ha sumado el aumento notable de las tasas universitarias, así como la promoción desde los gobiernos en los que manda el derechista Partido Popular (PP) de la educación concertada y privada, ligada en su mayoría a grupos de la comunidad católica. Precisamente en la nueva ley también se reconocerá y se potenciará la educación segregada por sexos, tal y como hacen sectas ultraconservadoras como el Opus Dei o Los Legionarios de Cristo.

La paralización de las escuelas y las clases culminó con manifestaciones masivas en las calles de más 50 ciudades, en la que el grito más escuchado fue ¡Wert, dimisión! Las dos marchas más multitudinarias fueron en Barcelona y Madrid, donde se congregaron centenares de miles, la mayoría con sus habituales camisetas que simbolizan la marea verde con la se identifica a los colectivos que luchan por que no se destruya la educación pública en España.

Lejos de rectificar, la secretaria de Educación e Igualdad del PP, Sandra Moneo, afirmó que sería una verdadera irresponsabilidad no cambiar el sistema educativo actual, al cual calificó de socialista.

Mientras, los estudiantes explicaron que el gobierno ha demostrado continuamente su desprecio por un desarrollo económico y social basado en la cultura, la ciencia y la tecnología vinculadas al interés general. Y advirtieron que la lucha continuará.