La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) no liberará los permisos de siembra comercial de maíz transgénico sin tener una determinación científica sobre el asunto; no haremos nada que ponga en riesgo la salud de la población y la riqueza genética de las semillas, sostuvo su titular Enrique Martínez y Martínez.

Puntualizó que solicitó al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, y a otras instituciones la resolución en torno a la siembra de maíz genéticamente modificado para que “la decisión que se asuma tenga un gran aval científico.

Hemos escuchado las preocupaciones de asociaciones, organismos, intelectuales, científicos y productores. A todos los tomaremos en cuenta, pero la resolución tendrá un sustento científico, explicó.

En la sesión de preguntas y respuestas, una vez que José Graziano da Silva, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), entregó el libro Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en México, el titular de Sagarpa destacó que se llevará a cabo una gran reforma en el campo para superar el estancamiento en la producción que se arrastra desde el año 2000. Además, se destinarán mayores recursos para que agricultores y ganaderos afronten la sequía, ya que hasta la fecha sólo están aseguradas 10 millones de hectáreas y 6 millones de cabezas de ganado; nosotros estamos armados para iniciar los grandes cambios que requiere el sector, (pero) los que están dirigiendo el Pacto por México marcarán la pauta para trabajar.

Martínez y Martínez reiteró que un retos de la institución es hacer más productivo al minifundio, ya que 77 por ciento de la superficie agrícola –25 millones de hectáreas– está en manos de productores con menos de cinco hectáreas que no tienen posibilidad de acceso al crédito, a la semilla mejorada, al fertilizante, a los implementos agrícolas.

Insistió en que ya inició el proceso de reingeniería de los programas de Sagarpa, entre ellos el programa de apoyos directos al campo (Procampo), los destinados al sector pesquero, entre otros, pues “se necesita que el dinero llegue a quien más lo necesita, se convierta en un estímulo y se blinden para que no se usen para procesos electorales”.

“También –dijo– hay que reducir el número de leyes y reglamentos para el sector, por lo que habrá un código agroalimentario, el cual será un gran avance para la reforma que se pretende alcanzar.”