yer, luego de 12 días de permanecer tomada por un grupo de inconformes, fue liberada la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en Ciudad Universitaria. La noche previa, en una misiva firmada por su abogado general, la máxima casa de estudios ofreció a los manifestantes crear una comisión e instalar una mesa de diálogo, a partir del 9 de mayo, para llevar a cabo una discusión amplia y abierta sobre las actualizaciones al plan de estudios del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), una de las causas que dieron origen a la protesta referida. Por lo que hace a la expulsión de cinco estudiantes del plantel Naucalpan de esa modalidad de bachillerato, el documento señala que éstos tienen garantizados sus derechos para interponer los recursos que la Legislación Universitaria prevé, así como otros recursos legales ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación.

Así, a contrapelo de las múltiples presiones –notablemente, las de buena parte de los medios informativos y de opinadores– para que la autoridad universitaria impusiera una solución por medio de la fuerza pública –lo que a la postre habría exacerbado y multiplicado el descontento y atizado las diferencias en la máxima casa de estudios–, el conflicto universitario se destraba a consecuencia de un proceso de negociación en el que la prudencia y la inteligencia terminaron por imponerse, como afirmó el rector de la UNAM, José Narro, en una conferencia de prensa realizada tras la entrega de las instalaciones. Debe destacarse que en los 12 días que duró la toma de la torre de rectoría tuvo lugar una comprometida participación de muchos sectores de la comunidad universitaria en un intenso debate que permitió configurar dos consensos claros: el rechazo a métodos de lucha inaceptables, como fue la incursión en el principal edificio de la autoridad universitaria, por un lado, y por el otro, la convicción de que la intervención policial no podía conducir a una superación del problema, sino que lo ahondaría. Tal debate, en el que se expresó lo mejor del espíritu universitario, fue clave como contrapeso a quienes, por desconocimiento de la Universidad o por designios políticos oscuros, exigían el recurso a la fuerza pública para desalojar la rectoría.

El desenlace positivo resulta aun más meritorio si se toma en cuenta que con él se corrigen una serie de extravíos que no debieron ocurrir, desde la orientación excesivamente burocrática con que se inició el proceso de reforma al plan de estudios del CCH hasta la propia toma de la rectoría, pasando por la ocupación y los daños materiales causados a las oficinas generales del CCH en Ciudad Universitaria, en febrero pasado. Pese a que esos episodios dificultaron el entendimiento entre las partes, éstas terminaron por encauzar sus diferencias en el camino del que nunca debieron salir –el del diálogo–; demostraron que entre la comunidad universitaria prevalece un nivel saludable de tolerancia y apertura que hacen posible la convivencia entre sus integrantes, y despejaron, de esa forma, un factor de tensión particularmente indeseable en la circunstancia nacional presente, cuando se mantienen encendidos numerosos focos de explosividad social en todo el territorio.

Por último, cabe esperar que el anuncio del intercambio de puntos de vista entre las autoridades universitarias y los grupos inconformes cristalice en un proceso de renovación institucional incluyente y participativo, que permita a la UNAM transitar por los procesos de reforma que requiera y derive en el fortalecimiento de la principal institución educativa del país.