Organizaciones indígenas oaxaqueñas y de derechos humanos demandaron la intervención de Human Rights Watch (HRW) ante el gobierno mexicano y el Banco Interamericano de Desarrollo para que cese la represión contra los pueblos que se resisten a la imposición de megaproyectos en sus territorios y con el fin de que se cumpla la normatividad internacional que señala el derecho de los pueblos indios al consentimiento previo, libre e informado.

Lo anterior ocurrió durante una entrevista con Nick Steinberg, investigador para México de HRW, quien –en el contexto de la visita a México del presidente estadunidense Barack Obama y de la reunión que sostendrá mañana José Miguel Vivanco, director de la División Américas de HRW, con el presidente Enrique Peña Nieto– sostuvieron representantes de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Proyecto Poder.

En dicha entrevista, efectuada el 30 de abril en el Distrito Federal, con el auspicio de Brigadas Internacionales de Paz, se analizó el impacto negativo en materia de derechos humanos que tiene la creciente imposición de megaproyectos en México, la mayoría de los cuales se realizan sin informar o consultar a las comunidades locales, informó en un comunicado la Ucizoni.

Se manifestó la preocupación de que la Secretaría de Gobernación no haya expresado hasta ahora la voluntad para instalar mesas de atención a los más de 350 conflictos por disputa territorial que existen el país, ni que se impulse de manera seria el derecho a la consulta que tienen los pueblos originarios como una forma de garantizar su misma existencia.

Agrega que la relación entre trasnacionales y funcionarios gubernamentales se puso en evidencia con los casos de Iberdrola, Mareña Renovables y Abengoa.

Las organizaciones istmeñas denunciaron que en el contexto del megaproyecto eólico existe en la zona del istmo de Tehuantepec un clima de violencia, de hostigamiento, persecución y amenazas que sufren por parte de grupos de golpeadores priístas, funcionarios estatales y de la misma empresa, llegándose al extremo de que la agresión policiaca del 2 de febrero pasado en contra de campesinos zapotecas de Álvaro Obregón fue dirigida por un abogado de la empresa Mareña Renovables.