Cuando pasaron más seis años que entró en vigor la Ley general de acceso de las mujeres a una vida sin violencia el mecanismo que vigila su cumplimiento ha rechazado cuatro solicitudes de alerta por feminicidio, pese a que los homicidios con uso de violencia extrema: secuestro, violación y tortura van al alza.

El gobierno de Enrique Peña Nieto considera que el marco legal generado en el primer tramo del sexenio calderonista es deficiente y tortuoso, por lo que alista medidas para modificarlo. En este primer análisis se afirma que las alertas son susceptibles de uso político.

Organizaciones civiles pidieron en su momento alertas para el estado de México, Nuevo León, Guanajuato y, en semanas recientes, para Hidalgo. Todas las propuestas fueron negadas en el órgano responsable de evaluación, integrado por funcionarias federales y representantes de la totalidad de las entidades.

En la más reciente sesión del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, presidido por la Secretaría de Gobernación, la mayoría de las asistentes admitieron que los feminicidios continúan.

No obstante, rechazaron el inicio de una investigación especial en Hidalgo que eventualmente derivaría en la primera alerta de género con el argumento de que el contexto para implementarlo no es el adecuado y, además, que las solicitudes tanto en esta entidad como en las otras tres mencionadas no fueron debidamente fundadas.

Llamado a construir nuevas reglas de la mano de Gobernación

Lorena Cruz Sánchez, titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación, Lía Limón, coincidieron en que el mecanismo resultó distorsionado, en el contexto del reglamento de la ley en mención, de marzo de 2008.

Propongo que de la mano hagamos un trabajo no sólo para reformar el mecanismo. Quiero reiterar la absoluta disposición de la Secretaría de Gobernación de construir, junto con ustedes, las nuevas reglas y un mecanismo que sí funcione, señaló.

Por lo pronto, ante el aumento de feminicidios, delinean un mecanismo de intervención emergente porque en todos los estados sigue habiendo mujeres asesinadas, dijo Cruz Sánchez.

Tenemos que pensar –añadió– en (otro) mecanismo; tal vez no se llamará alerta, que el nombre es lo que más miedo nos da, sino algo que nos ayude a erradicar la muerte de las mujeres.

En marzo pasado, Dilcya García, comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Concavim), alertó que los feminicidios siguen en México en sus formas más crueles y dolorosas. En ese momento (La Jornada, 8/3/13) precisó que ocho entidades, encabezadas por el estado de México, concentraban 61 por ciento de los homicidios de mujeres, por causa de género. También dijo que estos crímenes se expanden de modo preocupante en un esquema de contagio que afecta zonas que hace una década no tenían esta situación.

El estado de México concentra 20 por ciento de los feminicidios en el país y crece la problemática por nivel de violencia en su entidad vecina, Guerrero. Le siguen Chihuahua, Distrito Federal, Baja California, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Veracruz.

Información de la Conavim, de las entidades en las que fueron negadas las alertas, indican un porcentaje alto (hot spots) y presentan, además, problemática de trata de personas, aunque en el caso de Hidalgo, si bien ha habido casos de alta violencia estos son, de modo cuantitativo, muy bajos respecto de otras entidades.

Al tratar la solicitud de Hidalgo, Cruz Sánchez subrayó que el tema de la alerta se fue distorsionando, en un marco legal inadecuado.

“Y la vergüenza es porque nuestras leyes están mal planteadas, porque tenemos qué modificarlas… (El objetivo) es ver cómo podemos eficientar este proceso, que no sea torutoso, que no sea vergonzoso, que realmente sirva”.

En lo personal, añadió, en la calidad de mi voto (caso Hidalgo), ¿cómo puedo decir si procede (la investigación y la alerta) cuando yo no creo en el mecanismo?

Según las intervenciones de la reunión (realizada en días pasados en la Secretaría de Gobernación), de cuya versión La Jornada tiene copia, la subsecretaria Limón señaló que Hidalgo ocupa el lugar 28, de las 32 entidades, en cuanto a homicidios contra las mujeres y representa, a su vez, 98 por ciento del total de asesinatos de mujeres en el país.

En nueve de los casos denunciados en la entidad se encuentran en proceso autos de formal prisión a los presuntos responsables.

Sin menoscabo de reconocer que la muerte o desaparición de una sola mujer es un hecho que por sí mismo representa una tragedia para la sociedad, los indicadores (de Hidalgo) no muestran una generalización del fenómeno, dijo.