El Frente Amplio Campesino (FAC) destacó que además de la Cruzada Nacional contra el Hambre debe apuntalarse un sistema de comercialización agroalimentaria que privilegie el mercado interno, así como apoyar la agricultura campesina con programas de asistencia técnica, capacitación, extensionismo y un financiamiento a tasas accesibles.

La agrupación, integrada por siete organizaciones de labriegos, refrendó su rechazo a la siembra de maíz transgénico, que, consideró, no resuelve el problema de la producción de alimentos, en cambio se entrega la soberanía alimentaria a las trasnacionales.

Marco Antonio Ortiz, dirigente de la Coalición de Organizaciones Denmocráticas Urbanas y Campesinas, dijo que el FAC exigirá al gobierno la cancelación de los permisos para la siembra comercial de semillas genéticamente modificadas, en especial del maíz.

Destacó, asimismo, que la política de combate a la pobreza debe tener como ejes rectores la soberanía alimentaria y la sustentabilidad ambiental; además, las políticas públicas para el sector rural deben aplicarse de manera diferencial, respetando la gran diversidad de actores sociales y sus necesidades.

Las organizaciones campesinas sostenemos que se requiere una reforma legislativa para que los subsidios se distribuyan de mejor manera, pues continuar la política de privilegios es vulnerar derechos y capacidades de pequeños y medianos productores. Por eso la insistencia en que las reglas de operación y lineamientos de los programas destinados al desarrollo del campo sean resultado de una consulta a productores y organizaciones, abundó.

Destacó que el Plan Nacional de Desarrollo debe empujar hacia una profunda reforma rural que transforme y mejore las estructuras productivas y económicas para que indígenas y campesinos tengan iguales derechos y accedan al mismo porcentaje de recursos públicos que se otorgan a los agricultores comerciales.

La nueva visión para el campo debe tener como finalidad central el impulso a la agricultura familiar, el respaldo a los pequeños productores, a los pueblos y comunidades indígenas, así como blindar todos los programas con una procuraduría social para impedir el uso político partidista de los recursos públicos.

Héctor Salazar Arriaga, presidente de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México (CNPAMM), se pronunció por el uso de nuevas tecnologías ante la escasez de agua y aumento de los costos de fertilizantes y semillas. Los retos son más complicados debido al incremento de la dependencia de las importaciones de granos, forrajes, cárnicos e insumos para la producción, como fertilizantes, semillas y agroquímicos, resultado de la apertura comercial.

Refirió que en Coahuila, la CNPAMM ha realizado alianzas estratégicas con comercializadoras e instituciones del gobierno estatal para elevar el rendimiento por hectárea de maíz en parcelas de riego.