Oaxaca, Oax., 27 de abril.

Hacer de México territorio prohibido para la siembra de transgénicos, expulsar a las empresas trasnacionales que los producen (Monsanto, Dupont, Pionner, entre otras) y cancelar la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, son algunas medidas que propone el dictamen presentado al final de la preaudiencia nacional sobre la contaminación transgénica de maíz nativo del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP).

Luego de que durante dos días en la agencia municipal San Luis Beltrán se presentaron los testimonios de casos de contaminación en cultivos de maíz tanto de Oaxaca como de otros estados, Camila Montesinos, de Grain Chile; Gustavo Esteva, investigador, y Joel Aquino, campesino zapoteco, elaboraron un dictamen que afinarán en las próximas semanas para lograr un documento definitivo.

En el texto presentado este día ante decenas de representantes de comunidades de varios estados se reconoce a la red de tiendas rurales Diconsa como responsable de la contaminación, por distribuir el maíz transgénico, por lo que se pidió a los asistentes alertar sobre los riesgos del empleo del grano que comercializa esa paraestatal.

Se plantea la revisión de las políticas agrarias y comerciales que han causado la crisis del campo mexicano para orientarlas al fortalecimiento de la economía campesina, la autosuficiencia nacional en la producción de alimentos básicos y a la reafirmación de la soberanía alimentaria.

De forma específica, el dictamen indica que se debe revisar el capítulo agrícola del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en lo referente a granos básicos, “para revertir los efectos del dumping sistemático practicado por los agroexportadores estadunidenses y las grandes empresas importadoras en contra de la economía campesina”.

Otro punto es combatir la corrupción de la investigación científica en el área de los organismos genéticamente modificados y su connivencia con corporaciones privadas dedicadas a impulsarlos y articulándola con la ciencia indígena. Apunta que se deben suspender de inmediato las autorizaciones para la liberación de todo tipo de maíz transgénico, incluidos los campos de cultivo existentes.

El documento leído por Gustavo Esteva y Camila Montesinos apunta que los dictaminadores compartimos y acogemos plenamente la demanda de acabar con toda forma de violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y los pueblos que la cuidan. Esto exige acabar con todas las fuentes de contaminación transgénica, por los agroquímicos, híbridos y otras formas de tecnología que destruyen el maíz y crean dependencia.

Al final, Joel Aquino dio un mensaje en el que destacó que los pueblos indígenas saben resolver sus problemas alimentarios, porque en la milpa tienen calabaza, chile y otros alimentos además de maíz, pero con el cultivo transgénico éstos desaparecerán. También dijo que el gobierno federal, al promover productos que no son propios de la cultura campesina, es responsable de los problemas de salud que se viven en las comunidades como cáncer, diabetes e hipertensión.