n el penal potosino de La Pila ocurrió ayer un choque entre reclusos que dejó como saldo 13 muertos y 65 heridos; de estos últimos, unos 20 requirieron hospitalización por la gravedad de sus lesiones. Según la directora estatal de Prevención y Readaptación Social, Concepción Tovar, el pleito se originó por el hostigamiento que algunos de los internos sufrían por parte de un grupo que opera en el interior de esa cárcel y que se dedica al robo de las pertenencias de los reclusos de nuevo ingreso, a quienes incluso les quitaban el dinero que obtenían por la venta de artesanías. La funcionaria abundó: Es algo que ya teníamos detectado, pero que los propios internos no querían denunciar por miedo a represalias.

Tal declaración contradice lo expuesto por el gobernador estatal, Fernando Toranzo Fernández, en el sentido de que no se ha perdido el control del estado a raíz de la riña y que el penal está controlado. En las cárceles de San Luis Potosí, como en las del resto del país, lo habitual es que poderes establecidos por los propios reclusos y por estamentos externos de la delincuencia organizada, generalmente en complicidad con autoridades penitenciarias venales, asuman, al menos en parte, el control de los establecimientos y hagan de ellos espacios ajenos a sus declarados propósitos.

Si las prisiones debieran ser establecimientos en los que fuera particularmente estricto y cierto el ejercicio de la autoridad y la observancia del marco legal, la corrupción generalizada ha provocado que sean, en cambio, territorios sin más ley que la del más fuerte, o del más pudiente en términos monetarios. En septiembre del año pasado tal situación fue expuesta en toda su crudeza en un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el que se indicaba la existencia de autogobiernos o cogobiernos en 60 por ciento de las cárceles nacionales: organizados adentro de los penales o articulados con las instancias criminales que operan fuera de ellos, los reclusos tienen las llaves de las celdas, deciden quién entra y qué áreas se pueden visitar; imponen castigos, impiden la visita íntima y la entrada de los abogados defensores de los reclusos; cobran protección y tienen el control de los penales porque hay colusión y complicidades de funcionarios ( La Jornada, 25/9/2012).

No es de extrañar, en esta circunstancia –que no parece haber variado en los últimos siete meses–, que la explosividad se encuentre a la orden del día en los reclusorios y que con cierta frecuencia estallen en ellos motines y pleitos que suelen dejar resultados trágicos de muertos y heridos.

Ciertamente, el descontrol en los centros de reclusión no es, ni mucho menos, exclusiva de México, pero en el caso de nuestro país tal situación tiene como agregado el palmario fracaso de una estrategia de seguridad, la del sexenio anterior, que no ha sido reformulada de manera clara y exhaustiva por la administración federal actual. Ello es particularmente urgente por lo que hace a la evidente necesidad de concebir una política carcelaria integral que, en vez de atentar contra el estado de derecho, contribuya a reforzarlo en forma eficaz.

Ha de tenerse en cuenta, por último, que el grado de civilidad de una sociedad puede medirse de manera inequívoca en la forma en la que trata a sus integrantes más vulnerables, y la gran mayoría de los presos –procesados y sentenciados– corresponde sin duda a esa categoría. Por eso, más allá de la obligatoriedad de deslindar satisfactoriamente las responsabilidades por los sucesos de La Pila, el conjunto de autoridades de los tres niveles de gobierno deben armarse de voluntad política para emprender el saneamiento de las prisiones nacionales, devolverlas al imperio de la ley y formular y aplicar una estrategia acorde con los sentidos rectores de nuestro sistema carcelario: la impartición de justicia, la prevención de la delincuencia y la rehabilitación y readaptación social de los infractores. Tolerar que el descontrol penitenciario persista y se agrave equivale, a fin de cuentas, a alentar un nuevo triunfo de la barbarie en el país.