Buenos Aires, 27 de abril.

Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires representando a todos los sectores políticos que contrarios a la oficialista Propuesta Republicana (PRO) pidieron hoy la renuncia del ministro de Seguridad capitalino, Guillermo Montenegro, durante una sesión de emergencia convocada ante la grave represión de ayer en el Hospital Neurosiquiátrico Borda, que produjo más de 50 heridos, entre ellos 18 pacientes.

Analizando la responsabilidad del ministro de la Policía Metropolitana, la mayoría absoluta de los legisladores de partidos de la derecha, de centroizquierda y del Frente para la Victoria que gobierna la nación, solicitaron al funcionario su renuncia y rechazaron sus argumentos de que las fuerzas policiales se habían defendido.

Montenegro argumentó que las balas de goma, el gas pimienta y los palazos- que se utilizaron contra los trabajadores y pacientes del Borda que intentaban detener la demolición del Taller Protegido 19, para construir un Centro Cívico fueron "en defensa de la ley y el orden”. Aseguró, además, que no piensa renunciar y que sólo lo hará si el intendente de Buenos Aires, Mauricio Macri se lo pide.

En su cuenta de Twitter la presidenta Cristina Fernández de Kirchner calificó de Increíbles los sucesos en el hospital Borda. ¿Por qué increíble?. Sólo alguien que no está bien puede reprimir en un neuropsiquiátrico, médicos, pacientes, periodistas, no se salvó nadie, escribió.

La mandataria también criticó la "impresionante protección mediática" que rodeó a Macri después de la represión de la Policía Metropolitana, al considerar el lamentable tratamiento que distintos medios de comunicación le dieron a la represión brutal e indiscriminada de de ayer.

Sostuvo que este accionar mediático "debería incluirse como materia en las facultades de comunicación social de todo el país” y recordó que se llevaron esposado y golpeado a un reportero gráfico de Clarín. ¿ Se imaginan si esto lo hubiera hecho una fuerza de seguridad nacional?", se preguntó la mandataria,

Se refría a un tema señalado ayer por varios analistas, ya que durante todo el día Clarín y sus medios televisivos y radiales; al igual que la Nación y otros no sólo minimizaron el hecho, que conmovió a toda la población , sino que hablaban de incidentes en el Borda y la nota principal eran los argumentos del jefe de Gobierno de la Ciudad de Macri y su vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, que sin rasgo de preocupación, sin disculparse una sola vez dijeron que los agentes - con cascos de combate, el rostro cubierto como fuerzas especiales, con escudos y armas de todo tipo- se defendían y acusaron las víctimas.

La presidenta denunció asimismo que el jefe del operativo represivo era Ricardo Raúl Pedace, quien fue en su momento “jefe de la custodia de Néstor Kirchner) cuando era presidente, como comisario mayor de la Policía Federal" y quien fue separado "cuando declaró que el presidente no respetaba los protocolos de seguridad y era imposible cuidarlo de esa manera".

En tanto, en la sesión legislativa se demostró que la represión fue ilegal porque no existió ninguna orden judicial para realizar un desalojo, agravado por el tipo de fuerzas de infantería y especiales, con actuación de agentes de civil, que ingresaron en horas de la madrugada al hospital, violando todas las reglas, para demoler un edificio protegido, donde los pacientes eran rehabilitados.

Asimismo se desconocieron resoluciones que impedían la demolición del edifico, que se realizó en la madrugada colocando una valla alrededor que impedía ver hacia adentro procediendo a demoler el Taller protegido, Patrimonio Histórico.

La interpelación terminó en medio de críticas de las fuerzas de la oposición, que consideró “deplorable el accionar de Montenegro en la Legislatura al no responder ninguna de las las preguntas que hacen a la cuestión de fondo de la represión", como denunció la diputada de Nuevo Encuentro Delia Bisutti.

Los diputados del Pro fueron los únicos que defendieron la actuación policial, mientras que la oposición comparó los hechos "con las peores prácticas de las fuerzas armadas de nuestro país" y de las dictaduras.

El analista Juan Diego Britos sostiene que la Policía Metropolitana nació en la ilegalidad. Sus agentes son violentos y lastiman con impunidad porque saben que cuentan con el aval de sus jefes políticos. Sólo el blindaje mediático que protege al jefe de gobierno porteño Mauricio Macri logra disfrazar la brutalidad de una fuerza que destila terror y acumula víctimas dijo.

Recordó que fue proyectada por el Jorge "Fino" Palacios, vinculado al encubrimiento del atentado terrorista a la AMIA en 1994 y actualmente detenido por liderar una red de espionaje montada en el gobierno de la ciudad para escuchar a dirigentes opositores y empresarios.

Palacios buscó policiás desafectados en una ordenada por Néstor Kirchner en marzo de 2004. Así, 38 de los 52 jefes iniciales que tuvo la Metropolitana fueron señalados por haber integrado la Superintendencia de Seguridad Federal, órgano que realizaba tareas de inteligencia durante la última dictadura cívico- militar. Esto fue denunciado en 2010 por una Comisión de la Legislatura porteña que alertó sobre la presencia de estos ex agentes en la Metropolitana.

Se destaca a Cristian Ritondo, actual vicepresidente 1° de la Legislatura de Buenos Aires, y a Miguel Ángel Toma, ex jefe de la SIDE durante el gobierno de Eduardo Duhalde y ligado a la Cia estadunidense entre los que colaboraron a diseñar la Metropolitana.

La Metropolitana está acusada por espionaje, por los que aún la justicia no ha respondido debidamente al enjuiciamiento de Macri. También por el uso de fuerzas parapoliciales de civil que en la ilegalidad y en las noches, atacaban a familias y personas en la indigencia que vivían en las calles.

En el 2010 fue juzgada la Metropolitana por la violencia y disparos que mataron a tres personas en el desalojo de unas tres mil familias que reclamando viviendas tomaron el Parque Indoamericano, en Villa Soldati.Tambiénm por otro desalojo violento en Parque Centenario golpeando e hiriendo a vecinos con balas de goma y entre ellos a Julieta Elgul, periodista de la TV Pública.

Recientemente desalojaron en forma violenta en la noche la Sala Alberdi del Centro Cultural San Martín (CCSM)en los que hubo más de 30 heridos, entre ellos varios periodistas dos de ellos con balas de plomo. Ni Clarín ni la Nación ni sus canales de cable contaron la verdadera historia.