La averiguación previa y el proceso penal que Marisela Morales Ibáñez integró desde 2009 en contra de tres ex gobernadores de Tamaulipas llegó a su fin, porque el Ministerio Público Federal (MPF) retiró las acusaciones contra Tomás Yarrington Ruvalcaba, y desde enero pasado se envió sobre Manuel Cavazos Lerma y Eugenio Hernández Flores, revelaron funcionarios del gabinete de seguridad nacional.

Asimismo, colaboradores del procurador Jesús Murillo Karam señalaron que una vez más los testigos protegidos incurrieron en falsedades y ello desembocó en esta nueva resolución. Las acusaciones de José Salvador Puga Quintanilla, El Pitufo, no pudieron confirmarse y con ello se vino abajo la orden de captura contra Yarrington, indicaron.

En 2009, cuando Marisela Morales era titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo, actualmente Seido), se inició la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009 por delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, ya que supuestamente los tres ex mandatarios tamaulipecos habían protegido las operaciones de los cárteles del Golfo y Los Zetas.

Sin embargo, las investigaciones y procesos penales que el MPF pretendió construir en contra de varios de los presuntos operadores financieros de los ex mandatarios, entre ellos Fernando Cano Martínez, fracasaron por la inconsistencia de las declaraciones de los testigos protegidos identificados como Óscar, Pedro, Ángeles, El Pitufo, Yeraldín y Rufino.

No fue la primera vez que alguno de esos testigos protegidos fallaron a la PGR: Mateo (quien en realidad es Sergio Villarreal, operador del cártel de los Beltrán Leyva) y José Salvador Puga Quintanilla, El Pitufo, así como Jennifer (involucrado en el caso de los generales Tomás Ángeles, Roberto Dawe y Ricardo Escorcia) declararon en contra del que fue coordinador de seguridad regional de la Policía Federal Preventiva, Javier Herrera Valles, quien fue dejado en libertad absoluta porque las imputaciones en su contra no fueron acreditadas por la PGR.

Asimismo, El Pitufo sirvió a la PGR para iniciar procedimientos penales en contra de Noé Ramírez Mandujano, ex titular de la Siedo, quien hace unas semanas obtuvo su libertad porque sus acusadores falsearon sus declaraciones.

De igual manera, los señalamientos de El Pitufo sirvieron para iniciar averiguaciones previas en contra de más de 35 servidores públicos del estado de Michoacán, en 2009, entre ellos 11 alcaldes. Todos fueron puestos en libertad un año después, pues la PGR no logró demostrar a jueces federales la responsabilidad penal que tenían por proteger, supuestamente, a miembros de Los Zetas y de La familia michoacana.

En ese contexto, la PGR determinó que Tomás Yarrington en contra de quien el MPF obtuvo una orden de aprehensión de un juez con sede en Jalisco, que los supuestos indicios obtenidos mediante declaraciones de testigos protegidos no fueron acreditados (como ocurrió en el caso del general Tomás Ángeles Dauahare), por esa razón determinó cerrar el expediente iniciado y la orden de aprehensión se canceló.

El pasado 27 de febrero, La Jornada informó que la Seido no ejercitaría acción penal contra los ex gobernadores Manuel Cavazos Lerma y Eugenio Hernández Flores, porque las imputaciones de testigos no pudieron ser acreditadas por el MPF.