l pasado jueves, en el contexto de la 76 Convención Bancaria, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, formuló un diagnóstico poco alentador sobre los potenciales riesgos de la coyuntura económica internacional: señaló que la normalización monetaria de las economías desarrolladas podría derivar en una reasignación masiva de inversiones a nivel global, lo que en el caso de México se traduciría en una salida súbita de los capitales que en meses y años recientes se han beneficiado de las condiciones especu­lativas favorables –y de los nulos gravámenes a las ganancias obtenidas por esa vía– en nuestro país. Ayer, sin embargo, el funcionario rechazó la necesidad de adoptar controles para regular las inversiones foráneas en los mercados financieros y sostuvo que la política de la institución a su cargo ha sido la de dejar al máximo posible que los ajustes se lleven a través del mercado. En suma, el banco central exhorta a confiar en la autorregulación de la economía, enuncia una renovada profesión de fe en la mano invisible del mercado y emite una confesión de incompetencia, falta de voluntad política o ambas cosas en voz de su titular.

Un ejemplo similar del alineamiento de las autoridades económicas del país a los desacreditados postulados neoliberales lo dio ayer mismo el titular de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray: éste, tras minimizar el riesgo advertido por Carstens, rechazó la aplicación de medidas gubernamentales para fomentar un incremento en el crédito a las empresas, pese a que diversos especialistas y autoridades en la materia han señalado que la oferta en dicho rubro se mantiene muy por debajo de las necesidades del país.

La resistencia de las autoridades hacendarias y del banco central a que el Estado cumpla en forma más activa con el mandato constitucional de erigirse en rector de la actividad económica nacional contrasta con la circunstancia de privilegio que viven los inversionistas especulativos y las instituciones bancarias en México. En el primer caso, la falta de mecanismos de control a los llamados capitales golondrinos es inaceptable no sólo ante la perspectiva de un riesgo coyuntural en la economía planetaria: la aportación de esos capitales a la economía nacional es ínfimo, en la medida en que su llegada no se traduce en actividades productivas; el beneficio que obtienen aquí suele ser mayor al que recibirían en otras naciones y su salida súbita y masiva de los mercados financieros nacionales suele derivar en desequilibrios y afectaciones diversas a la economía real. Tales condiciones hacen aconsejable y necesaria la aplicación de mecanismos que incentiven las inversiones en actividades productivas por sobre las especulativas, como el establecimiento de tasas impositivas a estas últimas.

Una premisa fundamental para hacer frente a los riesgos económicos y evitar debacles como las sufridas en años recientes consiste en abandonar los paradigmas de un mercado libérrimo que se regula a sí mismo. En realidad, como se ha demostrado en cada crisis cíclica, y hasta en tiempos de normalidad económica, son los capitales más poderosos los que regulan el mercado, y no se caracterizan precisamente por su transparencia ni por su respeto a las leyes nacionales. De hecho, buena parte de las grandes fortunas planetarias no están basadas en el talento productivo, sino en la especu­lación más agresiva y en la competencia más depredadora. En tal circunstancia, es claro que para empezar a contrarrestar los desequilibrios y la fragilidad que padece la economía mundial es necesario introducir en ella elementos de racionalidad, contención y control que no pueden provenir más que del Estado, y abandonar el viejo mantra neoliberal de dejar hacer y dejar pasar.