s posible que en los próximos meses se alcance un deseo de quienes habitamos el DF, aplazado casi un siglo. Que por fin seamos ciudadanos completos, con una Constitución y con un gobierno que con autonomía de la Federación pueda tomar las decisiones que le indiquemos quienes habitamos en la ciudad. La modificación de la Constitución federal para que el DF sea una entidad con la soberanía que tienen los demás estados se encuentra hoy por hoy en el pacto entre los partidos mayoritarios.

Esperemos que el mercado político en que se convierte la pugna de intereses de los partidos no prevalezca sobre los derechos ciudadanos, y se realice este anhelado cambio. Debe resaltarse, sin embargo, que la ciudad de México tiene ya una larga transición a la democracia. Fueron muchos en efecto los esfuerzos de la ciudadanía en la década de los no­venta para expresar su voluntad de un gobierno propio, como el plebiscito de 1993. Alcanzado esto en 1997, los esfuerzos continuaron para lograr que la intervención ciudadana en las decisiones públicas fuera una realidad. Entre el primer gobierno democráticamente electo, por ejemplo, y la Plataforma de Organizaciones Civiles del DF, se suscribió el Pacto de Corresponsabilidad, que produjo leyes, instituciones, programas y experiencias de trabajo conjunto que han proseguido y acumulado avances. Entre ellos la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, la de Participación Ciudadana, los Programas de Coinversión Social, el Programa de Derechos Humanos y muchos más que hoy constituyen un sólido entramado jurídico y político para la participación ciudadana.

La Constitución de la ciudad no puede prescindir de la riqueza acumulada en las leyes y políticas que establecen la intervención del público en las decisiones de gobierno, las cuales la han convertido en un referente para el país. Deben por el contrario ampliarse y potenciarse los avances en la centralidad de la vida digna para la conducción de la vida pública. Ampliarse y potenciarse la centralidad de los derechos humanos en la orientación de las políticas públicas y en la participación ciudadana en la gestión de la ciudad. Estos tienen que ser los ejes fundamentales de la esperada carta magna. La riqueza acumulada sólo se aprovechará cabalmente si el propio proceso de diseño de la ley fundamental se hace con la participación ciudadana. Hay que remarcarlo, porque en la actualidad hay funcionarios que malamente se empeñan en derrochar tan sólida herencia democrática. Así lo han expresado de múltiples maneras las organizaciones de la sociedad civil, cuando han repetido incansablemente ¡tenemos propuesta! Escuchar esta demanda, incluir las múltiples voces de la sociedad civil, tiene que ser la nueva etapa de la transición política de la ciudad. No son pocas las tensiones acumuladas a las que la Constitución debe ofrecer soluciones. Entre ellas la relación entre el gobierno central y los de las delegaciones, pues ningún estado de la República tiene a la vez tan integrada territorialmente a su población, y tan dispersas las relaciones entre sus niveles de gobierno. Ni tan poco definidos los controles de la ciudadanía sobre todos ellos. ¿Qué funciones asumirán los gobiernos locales y cuáles el de la ciudad? ¿Cuáles serán los instrumentos para el control de la ciudadanía sobre los gobiernos de las hoy delegaciones? Fue difícil la transición del Departamento del DF a un gobierno relativamente autónomo. En ella se conjuntaron modelos de administración, de planeación y de financiación no siempre compatibles entre sí, y mucho menos con los afanes democráticos. Como el de la garantía de los derechos humanos. ¿Qué rediseño institucional propiciará la eficiencia en el uso de los recursos y la eficacia democrática? Un tercer asunto es la relación entre gobierno y sociedad, pues si bien se han dado avances con instituciones ejemplares y novedosas, su fortalecimiento reclama no detenerse. Hay que transitar de lo consultivo a lo vinculante; de la toma de opinión a la democracia deliberativa. Muchos consejos en efecto se crearon para ser órganos de consulta del gobierno, pero la rutina y la falta de compromiso hizo que cada vez se les preste menor atención. Hoy se trata de que la intervención de estos organismos tenga resultados prácticos; de que sus decisiones sean vinculantes. Hay ya incluso algunas experiencias de esto en la ciudad. El Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos tiene por ley funciones ejecutivas, y las recomendaciones del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social son vinculantes para la administración pública. Desafortunadamente estas funciones, que van más allá de lo consultivo, hoy pretenden ser minimizadas por el temor de algunos funcionarios a perder el monopolio de las decisiones que mantienen a costa de violentar la ley. Cambiar la relación gobierno-sociedad significa que los vecinos no sólo escojan entre algunas opciones de servicios públicos, sino que elaboren el diagnóstico de sus propias necesidades y diseñen la estrategia para satisfacerlas. Democracia no es escoger focos o banquetas para la colonia, sino dar razones de las propuestas; las de la sociedad y las del gobierno. Eso es democracia deliberativa. Ofrecer argumentos y aceptar los de los otros, ése es el capital social. ¡Cuán necesario es quitar los diques que evitan que el caudal de la participación fluya en la ciudad!

Por el bien de todos, esperemos que muy pronto esté abierto el diálogo, y que a través de mecanismos y criterios claros gobierno y sociedad discutamos el futuro de las instituciones políticas. De la Constitución de la ciudad de México.