yer tuvieron lugar tres accidentes industriales graves en distintos puntos del país: por la madrugada, una explosión y un incendio en la fábrica Agroquímicos ATC, ubicada en un parque industrial de Atitalaquia, Hidalgo, produjeron una nube tóxica que se extendió por varios kilómetros e hizo necesario el desalojo de unas mil personas en la localidad mencionada y en los municipios vecinos de Tlaxcoapan, Tetepango y Tlahuelilpan. En Tabasco, en el municipio de Huimanguillo, una retroexcavadora de una empresa privada golpeó un ducto de Pemex, lo que causó una explosión que lesionó a tres trabajadores de esa compañía y un incendio de pastizales. El hecho más grave ocurrió en esta capital, en las instalaciones de la cervecera Grupo Modelo ubicadas en la colonia Anáhuac, de la delegación Miguel Hidalgo, donde siete obreros que realizaban labores de mantenimiento quedaron atrapados en una cisterna y murieron por inhalar gases tóxicos.
El tercero de esos accidentes resulta a todas luces el más lamentable y exasperante, tanto por la inexcusable falla de seguridad industrial que derivó en la pérdida de siete vidas como por la actitud de la empresa, que tras el accidente envió guardias privados a impedir que los trabajadores supervivientes dieran declaraciones y, de acuerdo con algunos reportes, a obstaculizar el acceso de paramédicos a las instalaciones.
En este hecho trágico se concatenan, además de las omisiones de la corporación cervecera, presumibles omisiones por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social –la cual está obligada, por ley, a verificar la observancia de condiciones mínimas de seguridad e higiene en los centros de trabajo– y de las autoridades capitalinas de Protección Civil, responsables de inspeccionar el cumplimiento de medidas y procedimientos de emergencia en toda clase de instalaciones, particularmente cuando tienen las dimensiones de la planta del Grupo Modelo en la colonia Anáhuac.
Accidentes industriales como los referidos no son casi nunca fortuitos sino, la mayor parte de las veces, resultado de omisiones en el rubro de seguridad e higiene, perpetradas en aras de la rentabilidad, de mentalidades empresariales que operan con desprecio hacia la vida humana y hacia el entorno natural y social, así como de fallos en la debida vigilancia por parte de instituciones públicas.
En los tres casos, pero con mayor énfasis en el caso de Grupo Modelo, es exigible una investigación acuciosa y puntual de lo sucedido, así como un deslinde de las responsabilidades civiles y penales a que pudiera haber lugar, es decir, lo que no se hizo tras la tragedia de Pasta de Conchos, hace más de siete años, ni después de tantos accidentes industriales ocurridos desde entonces en el país, accidentes que han dejado una estela de impunidad, abulia institucional y ausencia de estado de derecho.
