Miles de maestros agrupados en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) han dejado muy claras sus objetivos: defensa de la gratuidad en la educación, evaluación integral para los docentes, aplicación del proyecto de educación alternativo para Guerrero y el respeto a sus derechos laborales.

Guadalupe Soria, integrante de la Ceteg, y miembro de la sección 14 de Guerrero, señaló que a las demandas educativas se suma la exigencia al gobierno estatal para dar las garantías de seguridad para que los maestros puedan desempeñar su trabajo.

Destacó que luego del estallamiento de un paro indefinido de labores, desde el pasado 25 de febrero, hemos insistido ante el gobierno de Ángel Aguirre y las autoridades federales que los maestros de la Ceteg no estamos en contra de mejorar la educación y nuestra formación, pero esto no implica aceptar una reforma constitucional regresiva que lesiona a la escuela pública.

El profesor de la región centro de Guerrero, explicó que como magisterio disidente impulsamos un modelo alternativo que incluye la construcción de la llamada Escuela Altamiranista, donde se aplican programas y planes de estudio que recuperan una visión pedagógica integral, donde nuestros alumnos no tienen como eje central adquirir competencias, sino construir ciudadanos con capacidad crítica, que sepan analizar su realidad.

Afirmó que otro grave problema es la falta de fuentes de empleo, tanto en las comunidades donde laboran los docentes, como para quienes han concluido su formación en las escuelas normales y se les niega el derecho a enseñar, cuando han cumplido con los requisitos para obtener su título.

La asignación de plazas a los normalistas, indicó, es una demanda a la que no renunciaremos, como tampoco a la defensa de la plaza base para el magisterio, que cumple una función prioritaria para el país.

La oposición a la reforma no es un capricho de los maestros: sección 18

Laura Poy Solano

En Michoacán los maestros encabezamos una lucha por la gratuidad de la educación, por mayor inversión de recursos públicos para el sector y por un Estado que se responsabilice de la tarea de educar a millones de mexicanos, sin pretender que sólo accedan al conocimiento aquellos que puedan pagarlo, afirmó Juan José Ortega Madrigal, secretario general del magisterio disidente de la sección 18.

Destacó que la oposición a la reforma educativa que impulsa el presidente Enrique Peña Nieto no es un capricho de los maestros. En la sección 18 estamos comprometidos con una verdadera transformación del sistema educativo, por eso rechazamos una modificación constitucional que no llega al fondo de los graves problemas que enfrenta la escuela pública.

Por ello, explicó, en la entidad se elabora una propuesta alternativa de educación en la que se busca consolidar una formación humanista, donde el alumno no esté programado para insertarse en una realidad neoliberal y explotadora, sin que tenga la capacidad de criticarla ni de transformarla.

Queremos educar, dijo en entrevista con La Jornada, pero para la libertad. Formar ciudadanos que aspiren a un trabajo digno, que conozcan y hagan respetar sus derechos. Que no se les condene a la miseria por no tener recursos para ir a la escuela.

Agregó que en sus demandas, presentadas ante las autoridades estatales, se incluye que se respete la asignación de plazas magisteriales a los estudiantes que egresen de las normales públicas de la entidad, pues ya han demostrado, porque obtuvieron un título, que cuentan con los conocimientos para ser buenos maestros.

En cuanto a la evaluación, señalaron que nunca hemos rechazado que los maestros deben evaluarse, pero no a través de exámenes estandarizados, que no toman en consideración las diferencias socioculturales y económicas que enfrentamos. Queremos una evaluación, pero integral.

Sugiere la sección 22 un organismo de evaluación estatal y autónomo

Laura Poy Solano

La inclusión del Plan para la Transformación de la Educación en el Estado de Oaxaca (Pteo) en la ley estatal de educación es una de las principales demandas en la entidad, pues garantiza que la formación de miles de niños oaxaqueños no esté vinculada a un proyecto neoliberal y privatizador, aseguró Rubén Núñez Ginez, secretario general de la sección sindical 22, que agrupa a 76 mil maestros, agrupados en siete regiones.

En entrevista con La Jornada, especificó que sus demandas incluyen garantizar que los normalistas oaxaqueños mantengan la asignación directa a una plaza base como maestros al concluir sus estudios.

Y destacó que queremos que la evaluación, la selección, permanencia y promoción de los docentes se dé, pero de acuerdo con las características específicas que tenemos como entidad, y que se reconozca claramente que somos un territorio multicultural en el que no puede aplicarse un modelo educativo homogéneo.

Detalló que el magisterio oaxaqueño ha presentado una propuesta educativa estatal, porque estamos comprometidos con una mejor educación para los que menos tienen. Por ello, dijo, proponemos un modelo de evaluación para los docentes que no esté basado en exámenes estandarizados que ya han demostrado su fracaso para determinar quién es un buen maestro.

La iniciativa también contempla la creación de un organismo estatal de evaluación autónomo, que les permita incidir en los planes y programas para la formación permanente de los docentes.

Núñez Ginez insistió en que los maestros no están en contra de la evaluación ni tampoco de la mejora de la educación, pero no estamos de acuerdo en que se apliquen las modificaciones a los artículos tercero y 73 constitucional, porque buscan responsabilizar a los padres de familia del gasto educativo y afectan gravemente las condiciones de trabajo del magisterio nacional.