on el supuesto fin de hacer más eficiente la aplicación de la política social en la capital del país, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) anunció ayer que compactará en 178 los más 400 programas sociales existentes durante la administración anterior.

Es difícil no estar de acuerdo con los objetivos enunciados ayer por el titular del GDF, Miguel Ángel Mancera, de transparentar la aplicación de los programas sociales y reorientarlos con miras a su universalización. Pero si el fin es incuestionable, cabe preguntarse si para obtenerlo es necesario reducir a menos de la mitad el total de programas sociales en la capital, y si eso podrá hacerse sin afectar a ninguno de los beneficiarios actuales y sin limitar las posibilidades de que nuevos ciudadanos accedan a las ayudas gubernamentales.

Por lo que hace a la pretensión de evitar que la política social del Distrito Federal se preste a manejos clientelares y electoreros, es pertinente recordar que los antecesores de Mancera promovieron diversas medidas para impedir tal escenario sin necesidad de reducir o compactar los programas, como la elevación de los mismos a rango de ley en la capital del país y la conversión de los beneficios en derechos ciudadanos, con el fin de que unos y otros quedaran blindados incluso ante el eventual arribo de un gobierno de signo político distinto.

Desde un punto de vista estrictamente político, la reducción referida en las acciones de corte social en el Distrito Federal coincide con la inclusión de cuatro delegaciones capitalinas –Álvaro Obregón, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Tlalpan– en el contexto de la Cruzada Nacional contra el Hambre puesta en marcha por el gobierno de Enrique Peña Nieto; con los señalamientos de diversos especialistas en el sentido de que la selección de los beneficiarios de ese programa federal obedeció a criterios de corte político electoral, y con el nombramiento de una ex gobernante capitalina –Rosario Robles– al frente de la la Secretaría de Desarrollo Social, encargada de ejecutar esa y otras políticas asistencialistas. Tal escenario ha generado suspicacias en torno a un designio del gobierno peñista por disputar a la izquierda partidista su principal bastión, y no es ocioso preguntar hasta qué punto la medida anunciada ayer por el GDF facilitaría esa tarea.

Más allá de lo anterior, el hecho concreto es que decisiones como la comentada, junto con los aumentos generalizados a las tarifas del transporte público anunciados la semana pasada, generan una inquietud comprensible entre muchos de los habitantes de la capital, la cual se ha convertido en los últimos tres lustros en una excepción en materia de derechos sociales y libertades individuales, como consecuencia, en buena medida, de la continuidad de los programas sociales de los sucesivos gobiernos. Tal continuidad es un componente central del mandato otorgado a la actual administración capitalina en las elecciones de julio pasado, y sería lamentable que las autoridades de la urbe lo desatendieran.