a Fiscalía Anticorrupción de España anunció ayer la presentación de un recurso de apelación ante la audiencia provisional de Palma de Mallorca –tribunal colegiado especializado en asuntos de corrupción– para suspender el interrogatorio que un juez ordenó aplicar a Cristina de Borbón, la hija menor del rey Juan Carlos de Borbón.

Cabe recordar que, en el marco de las investigaciones sobre la red de corrupción montada por uno de los yernos del monarca, Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina, el juez instructor de Palma de Mallorca, José Castro, citó a declarar a esta última en calidad de imputada. La determinación judicial derivó de las crecientes evidencias sobre la presunta participación de la integrante de la familia real en las actividades ilícitas de su marido, toda vez que su nombre aparece como el de vocal y administradora del Instituto Nóos, empresa pantalla creada por Urdangarín para conseguir fondos públicos mediante contratos celebrados con diversas autoridades y entidades turísticas y deportivas.

No son de extrañar las presiones ejercidas por el Palacio de La Zarzuela sobre las autoridades ministeriales y judiciales españolas para forzar el desistimiento de la imputación contra Cristina de Borbón, por más que la Casa Real está obligada a permanecer, en teoría, al margen de las pesquisas judiciales correspondientes. En cambio, resulta escandaloso que una institución del Estado español, supuestamente encargada de combatir casos de corrupción, pretenda impedir, mediante una maniobra judicial, el pleno esclarecimiento de hechos que involucran malos manejos financieros y desvío de fondos públicos.

Tal circunstancia hace suponer la existencia de un designio de impunidad de la familia real que resulta incompatible con la lógica democrática que se atribuye el Estado español contemporáneo; desacredita las afirmaciones oficiales de que el gobierno de Mariano Rajoy no hará nada para mejorar la imagen de la monarquía, y pone en entredicho la vigencia en ese país ibérico, del principio de igualdad de todos los individuos ante la ley: si la observación de dicho precepto resulta de suyo cuestionable a la luz de distorsiones contenidas en las leyes españolas –como la afirmación de que La persona del Rey de España es inviolable y no está sujeta a responsabilidad (artículo 56 de la Constitución) y las penas hasta de dos años de cárcel para cualquier calumnia o injuria contra la realeza (artículo 490.3 del Código Penal)–, posturas como la de la Fiscalía Anticorrupción reducen los principios democráticos a una mera simulación y exhiben el anacronismo, el atraso democrático y el espíritu de opacidad que imperan en la España del siglo XXI.

Por lo demás, la Fiscalía Anticorrupción hace un flaco favor a La Zarzuela al obstaculizar las pesquisas contra una de sus integrantes, en la medida en que alimenta la percepción generalizada de la culpabilidad de la infanta Cristina en las actividades ilícitas de su marido. Si tales señalamientos fueran infundados, la Casa Real tendría que ser la principal interesada en que se esclarecieran y se deslindaran las responsabilidades correspondientes. En cambio, los elementos comentados abonan al creciente descrédito que padece la corona española, alimenta su percepción pública como una institución medieval, frívola, antidemocrática y corrupta, y confirma el carácter insostenible del conjunto de la institucionalidad posfranquista y la necesidad de una reconfiguración política de gran calado en el país europeo.