a reactivación de las protestas magisteriales en Guerrero y la realización de manifestaciones de maestros en Oaxaca, donde integrantes de la sección 22 del SNTE tomaron centros comerciales en rechazo a la reforma constitucional en materia educativa recientemente aprobada y promulgada, concurrieron ayer con las expresiones formuladas por el presidente Enrique Peña Nieto en el sentido de que su gobierno no permitirá retrocesos en la aplicación de dicha enmienda legal, que ese ordenamiento se cumplirá con el apoyo de todos los sectores sociales, y que ningún intento de presión pondrá en riesgo la formación y el desarrollo de las nuevas generaciones. Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo que, en caso de que persistan los paros magisteriales en las referidas entidades del sur del país, los empresarios, en conjunto con padres de familia, impartirán clases extramuros.

Resulta innegable que es facultad del Estado, y no de organizaciones sociales o gremiales, dictar las políticas educativas, aplicarlas y determinar las directivas para mejorar la calidad de la educación. También es cierto que la aplicación de las leyes, una vez que son aprobadas y promulgadas, no debe negociarse con grupos inconformes so pena de incurrir en un contrasentido jurídico.

Pero no es menos cierto que las reformas al marco legal y constitucional, para tener perspectivas reales de viabilidad, deben ser resultado de un amplio consenso político y social, y ello no se logra más que con la incorporación en ellas del punto de vista de todos los actores relevantes involucrados en su aplicación.

A la luz del conflicto magisterial que se desarrolla en el país –particularmente en Guerrero y Oaxaca, pero también en otras entidades–, cabe recordar que la reforma educativa operada en el marco del Pacto por México fue criticada en su momento tanto por organizaciones sociales como por distintos especialistas, en razón de su orientación privatizadora, porque es nociva contra derechos laborales de los docentes y por carecer de criterios claros para mejorar la calidad de la enseñanza. Pero la modificación legal referida no tomó en cuenta tales puntos de vista porque fue un arreglo cupular entre las dirigencias de los principales partidos políticos con representación en el Congreso y organizaciones empresariales como la propia Coparmex, y excluyó a actores sociales de primera importancia en el proceso educativo, empezando por los docentes.

No es de sorprender, pues, que ante la percepción generalizada de una reforma impuesta a espaldas del magisterio, miles de sus integrantes decidan que la única alternativa para expresar su punto de vista son las movilizaciones y las protestas. El caso es indicativo, por lo demás, de la falta de representatividad de la configuración actual del poder en sus ramas ejecutiva y legislativa: fuera de unos cuantos cuadros pertenecientes a la cúpula mafiosa que controla el SNTE, los maestros del país carecen de representación en el Congreso y otro tanto puede decirse de las vías de interlocución con las autoridades.

En suma, el caso comentado ha terminado por exhibir a un sistema político que, a consecuencia de su carácter al mismo tiempo tecnocrático, excluyente y autoritario, se ha colocado en una disyuntiva: imponer la reforma educativa por la vía de la represión, con el riesgo de multiplicar los factores de descontento e ingobernabilidad, o dar marcha atrás en su aplicación y emprender una negociación que tendría que haber sido el punto de partida obligado del proceso legislativo correspondiente, y que hoy se presenta como el menos nocivo de los escenarios.