a Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) informó ayer que los ahorros para la jubilación de los trabajadores mexicanos con empleo formal rebasaron en marzo pasado la cifra histórica de 2 billones de pesos –un billón 99 mil de los cuales corresponden a aportaciones de los trabajadores y 902 mil millones a rendimientos netos de inversiones–, lo que representa casi 13 por ciento del producto interno bruto.

A más de tres lustros de que fue impuesto en el país el actual sistema de jubilaciones, basado en cuentas de retiro individualizadas bajo la administración de empresas financieras privadas –las administradoras de fondos para el retiro (Afores)–, es claro que dicho modelo ha arrojado resultados diferenciados para las partes involucradas: mientras la mayoría de los asalariados han tenido que padecer afectaciones a sus ahorros (eufemísticamente llamadas minusvalías) a consecuencia de la inversión de los mismos en mercados bursátiles, así como cobros injustificablemente altos por concepto de comisiones de las administradoras, para las entidades privadas encargadas de administrar esos recursos –instituciones financieras trasnacionales, en su mayoría– el sistema individualizado ha representado una enorme oportunidad de negocio y las ha convertido en concentradoras de gran cantidad de recursos económicos que son empleados en préstamos al sector público y al privado, con el respectivo cobro de intereses. Y si bien los afiliados a las Afores han recibido algunos beneficios por su participación en este sistema, también resulta evidente que las instituciones bancarias y otros grupos privados propietarios de esas entidades se han llevado la tajada del león de tales ganancias. Significativamente, incluso en momentos en que los ahorros de los trabajadores han registrado pérdidas a consecuencia de inversiones en activos bursátiles –como ocurrió en la segunda mitad de 2008 y 2009–, las instituciones bancarias encargadas de administrar las cuentas para el retiro han obtenido utilidades.

La actual relevancia macroeconómica de los ahorros de los trabajadores en el país tendría que llevar al gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar el correcto manejo y la administración prudente de esos fondos mediante instrumentos de inversión seguros y garantizados que sirvan, al mismo tiempo, de impulso a la reactivación de la economía nacional.

Particularmente desastroso sería que en México ocurriera algo parecido a lo sucedido en años recientes en Estados Unidos y en países de Europa, donde los ahorros de los trabajadores se han evaporado por efecto de la irresponsabilidad y la ambición de es­peculadores como el estadunidense Bernard Madoff y de instituciones financieras como la española Bankia.

Si el Estado mexicano ha renunciado a su compromiso de garantizar el futuro de sus trabajadores y sus ciudadanos mediante la administración de sus ahorros –lo cual requeriría emprender una reconfiguración solidaria, justa y viable del modelo de pensiones y jubilaciones vigente–, lo menos que cabe pedirle es que se asegure de que los particulares encargados de realizar tal actividad no ocasionen, sea por irresponsablidad o por ambición, nuevos quebrantos al patrimonio de los asalariados y de sus familias y, por extensión, a la economía nacional.