La extorsión telefónica es uno de los ocho delitos que más impactan a la sociedad después del homicidio, el secuestro y las lesiones generadas por ataques de la delincuencia. Actualmente cada 24 horas se intentan más de 6 mil 700 extorsiones, es decir, 2.4 millones al año en todo el país, y de ellas en 30 por ciento de los casos los delincuentes consiguen su objetivo.

El senador priísta Jesús Casillas Romero destacó que en promedio, cada año más de 700 mil personas son extorsionadas y los montos que les exigen van de mil a 80 mil pesos; indicó que las entidades más afectadas por este delito son Distrito Federal, estado de México, Michoacán, Jalisco, Tabasco, Nuevo León, Puebla, Guerrero, Chiapas y Tamaulipas.

El problema aumenta

Ante esa situación, que lejos de decrecer va en aumento, el legislador solicitó al Senado que se exhorte a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de la República, a los gobiernos del Distrito Federal y de los estados, para que realicen intensas campañas de difusión donde se informe, se oriente y exista la cultura de la prevención mediante medidas y recomendaciones a la ciudadanía.

De igual forma, el senador Casillas Romero instó a las autoridades a que intensifiquen sus programas preventivos, poniendo especial énfasis en el delito de extorsión telefónica.

Destacó que la forma de extorsión que más se realiza a nivel nacional es la telefónica. Los métodos han evolucionado, ya que entre 2000 y 2002 los delincuentes llamaban y hacían creer a quien contestara que un familiar proveniente de Estados Unidos ‘‘tenía un problema y necesitaba dinero’’. Luego fue muy usado el engaño sobre un supuesto ‘‘premio’’, pero para otorgarlo requerían un pago por concepto de ‘‘trámite’’.

Sin embargo, dijo el legislador, ahora llaman y se hacen pasar como integrantes de un grupo del crimen organizado y le dicen a la potencial víctima que desde su número realizaron una denuncia a las autoridades en contra del grupo criminal. Enseguida le exigen una cantidad de dinero a cambio de no hacerle daño.

Otras formas de operar, enumeró el senador, son las llamadas donde indican que tienen a una persona –familiar de quien contesta– secuestrada y ponen una grabación, por lo general una mujer o un niño llorando, y les exigen dinero a cambio de no dañar a los cautivos y dejarlos en libertad.

Otra treta muy usada por los delincuentes, refirió Casillas, es hacer creer a la víctima que ‘‘va a haber un ataque’’ o una agresión directa contra algún miembro de esa familia o que algún grupo del crimen organizado atacará su hogar; les dicen que los tienen vigilados y les piden que se resguarden en otro lugar, normalmente hoteles.

Sin embargo, previo a la extorsión, los delincuentes hablan al número de la víctima, piden datos personales sobre las personas que habitan el domicilio, generan un diálogo pretextando ser empleados de una institución bancaria, de alguna empresa de encuestas, e incluso ‘‘amenazan a la víctima con que están cerca, con la intención de hacer efectivos los atentados (que previamente le han anunciado)’’.

El senador priísta mencionó el caso específico de Oaxaca, donde ya no se trata sólo de obtener dinero de la víctima, pues ‘‘ahora también les ofrecen protección y le exigen pagos periódicos’’.

Ante esta creciente embestida de la delincuencia, dijo el senador Casillas Romero, se requieren programas intensivos de atención y orientación, incluso vía telefónica.