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Les quitaron fuero y les bajaron participaciones en 5%, aseguran

Los 33 ediles de Morelos presentan dos controversias ante la SCJN

La ley no debe ser retroactiva, ni perjudicial: alcalde panista de Ayala

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El alcalde panista de Ayala, Morelos, José Manuel Tablas Pimentel, ayer, durante una conferencia de prensa en la que informó sobre la presentación de dos controversias constitucionales ante la Suprema CorteFoto Rubicela Morelos
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 18 de marzo de 2013, p. 33

Cuernavaca, Mor., 17 de marzo.

Los 33 presidentes municipales de la entidad presentaron dos controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La primera debido a que el Congreso local les quitó el fuero, cuando ellos argumentan que eso compete al Congreso de la Unión, informó el alcalde de Ayala, José Manuel Tablas Pimentel, y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del estado de Morelos (Idefom).

Explicó que la segunda se debió a que la legislatura estatal, a petición del Poder Ejecutivo, les retiró 5 por ciento de las participaciones que les correspondían para este año.

Es una controversia por la inconstitucionalidad de la medida, pues el Congreso local no puede hacer reformas federales y está tocando temas del orden federal. La ley especifica que el fuero es del orden federal y en la Constitución de los estados, por ejemplo Morelos, estipula que tenemos fuero en lo local pero ellos (los diputados estatales) nos lo quitan en los ámbitos local y federal: ese es el error, dijo Tablas Pimentel.

Por esa equivocación de los legisladores locales, añadió, los ediles presentaron su recurso ante la SCJN con intención de que cuando promuevan o modifiquen una ley, ésta no debe llevar vicios o errores, o de otra forma su trabajo se puede desplomar, al no cuidar que sus reformas se ciñan a los procedimientos establecidos.

Recordó que desde que los diputados locales votaron el desafuero, durante los primeros días de enero pasado, ellos manifestaron no estar en contra de que les quitaran ese derecho, pero si se iba a retirar, que fuera parejo, comenzando por reformar la Constitución federal, para que incluyera los tres órdenes de gobierno, no sólo a los alcaldes y algunos integrantes del gabinete estatal, como aprobaron los legisladores.

El Congreso local dejó sin fuero a los 33 presidentes municipales, síndicos, regidores, secretarios de despacho, auditor superior de Fiscalización, procurador general de Justicia, magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, así como a magistrados del Tribunal Estatal Electoral, al consejero presidente y los del Instituto Estatal Electoral, al consejero presidente y los del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.

La otra controversia que presentaron, añadió José Manuel Tablas, se debió a que el Congreso local, por una reforma que propuso el Poder Ejecutivo, les retiró 5 por ciento de su presupuesto de este año.

En esta controversia constitucional, los 33 alcaldes de Morelos pidieron que se respete el 25 por ciento del presupuesto total del gobierno del estado que recibían todos los años, monto que se redujo este año, y afectará a las acciones de seguridad. Señaló que la ley estipula que (el porcentaje otorgado a municipios) puede ser de 20 a 25 por ciento, y ahora se van al mínimo, es decir, lo permite la ley.

Agregó: Planteamos que la ley no puede ser retroactiva pa- ra que nos perjudique. Lo primero que se aprueba es el presupuesto y después nos reducen; entonces no puede ser posible que cambien la ley para que nos digan que nos van a quitar recursos.

Precisó que retirar 5 por ciento del total del presupuesto de Ayala, municipio que él encabeza, representa aproximadamente 13 millones de pesos, sobre todo para Cuernavaca ese 5 por ciento podría sumar hasta cien millones de pesos, monto que manejará el gobernador Graco Ramírez Garrido con el pretexto de la aplicación del Mando Único Coordinado Morelos, que no se ha integrado al ciento por ciento, situación que el presidente del Idefom atribuyó a que ha faltado coordinación por la Secretaría de Seguridad Pública estatal.