León, Gto., 17 de marzo.

El gobernador del estado, el panista Miguel Márquez Márquez, afirmó que su gobierno debatirá y analizará reglamentar el derecho que tienen las mujeres de abortar en caso de violación, no sin antes aclarar que él está a favor de la vida.

Yo he sido muy claro: estoy a favor de la vida; el Código Penal estipula en forma clara la punibilidad y los casos de excepción. Yo respeto el marco legal vigente, obviamente cuando se debata, se analice y se actualice en su momento, como gobernador del estado con todo el peso de la ley cuidaremos de aplicar la misma, sostuvo.

Prometió que la reglamentación del procedimiento para interrumpir el embarazo en caso de violación y la reforma al tipo penal del feminicidio serán temas que estarán en la agenda del gobierno estatal.

Seguirán las mesas de trabajo para ver los temas pendientes en favor de las mujeres. Al respecto yo no quisiera adelantar un trabajo que se tiene que hacer en la mesa, con el diálogo, el debate y de acuerdos, dijo el mandatario estatal.

Como gobernador he asumido un claro compromiso con las mujeres para que ejerzan plenamente sus derechos y puedan construir en igualdad de oportunidades su desarrollo personal, el de su familia y el de sus comunidades, manifestó.

La directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense (Imug), Adriana Rodríguez Vizcarra, comentó: Tengo entendido que en el gobierno estatal sí aplica la NOM 046 en caso de un ataque sexual.

La administración que encabezó el ex gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez (2006-2012), siempre se opuso a reglamentar y aplicar la norma oficial mexicana (Nom) 046 sobre violencia familiar y sexual contra las mujeres, que obliga a los gobiernos estatales a interrumpir el embarazo producto de una violación, si es solicitado por la víctima.

Es una norma, está la Constitución (que define como persona a todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural), está la ley, la cual será la guía, argumentó Oliva Ramírez en junio de 2009, a un mes de que publicó la reforma constitucional al artículo primero, llamada por activistas ley antiaborto.

El artículo 163 del Código Penal del estado de Guanajuato estipula que el aborto no se castigará con cárcel cuando el embarazo sea el resultado de violación.

Sin embargo, las administraciones de Juan Carlos Romero Hicks y Oliva Ramírez impidieron que en 2003 y en 2009, una mujer de Irapuato con retraso metal y una joven de 24 años originaria de Santa Catarina, respectivamente, abortaran el producto de una violación.

Incluso, la agente del Ministerio Público especializada en delitos sexuales, Teresa Macías, amenazó a la joven de Santa Catarina con encarcelarla si interrumpía la gestación.

A mí no me ha tocado nada de este tipo; si llegara y debiéramos atenderlo, lo haremos con toda la apertura. Tengan la tranquilidad, no habrá cerrazón, concluyó Márquez Márquez, en el contexto de la firma del decreto para la promulgación de la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres.