En años recientes, la situación que enfrentan las mujeres en México, particularmente las defensoras de derechos humanos, se ha vuelto crítica. Entre 2009 y 2012 fueron asesinadas 26 activistas, hay cuatro casos de de-saparición forzada y al menos 64 denuncias de agresiones y amenazas de muerte; asimismo, en el país se presentan diariamente entre cuatro y cinco homicidios de mujeres.

Lo anterior se dio a conocer durante una rueda de prensa en la que se presentó una carta firmada por seis mujeres que han sido laureadas con el Premio Nobel de la Paz, quienes demandaron a los estados de América respaldar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos a fin de que se garanticen los derechos humanos de las mujeres en la región, esto en víspera de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

La misiva es firmada por la irlandesa Mairead Maguire (ganadora del Nobel en 1976), la guatemalteca Rigoberta Menchú (1992), la estadunidense Jody Williams (1997), la iraní Shírin Ebadi (2003), la liberiana Leymah Gbowee (2011) y la yemení Tawakkol Karman (2011), quienes enfatizaron que la violencia contra las mujeres es uno de los principales obstáculos para el avance de las democracias.

Las seis galardonadas subrayaron que el sistema regional de protección a las garantías fundamentales ha evidenciado la gravedad de las violaciones a sus derechos que sufren millones de mujeres y niñas en el continente.

Tanto la Corte como la Comisión Interamericana (CIDH) han sido foros de denuncia frente a situaciones de violencia sexual, tortura, feminicidio, agresiones a defensoras de derechos humanos y otras formas de violencia contra el sector femenino, delitos perpetrados tanto por agentes del Estado como por terceros en situaciones de conflicto armado y tiempos de paz.

En la misiva, promovida por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, las seis laureadas resaltaron que las mujeres en las Américas enfrentan múltiples obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos humanos.

Durante la conferencia, integrantes de organizaciones civiles resaltaron que en México el Sistema Interamericano ha demostrado deficiencias estructurales que obstaculizan las garantías fundamentales de las mujeres, como la falta de acceso a la justicia, abusos ocasionados por la creciente ausencia de controles civiles sobre las fuerzas armadas y las agresiones que enfrenta ese sector a consecuencia de sus denuncias.

Stephanie Erin, del Centro Miguel Agustín Pro Juárez; Obtilia Eugenio, de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM); Marusia López Cruz, de Asociadas por la Justicia; Imelda Marrufo, de la Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y Cristina Hardaga, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; y Gabriel Soto, director de relatorías de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, indicaron que el Estado debe garantizar la seguridad e integridad de las mujeres, incluidas defensoras de derechos humanos.

Obtilia Eugenio e Imelda Marrufo detallaron la vulnerabilidad que enfrentan los activistas en sus respectivos estados. La primera, beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH, narró que en la costa chica de Guerrero militares y paramilitares atentan contra las garantías de los ciudadanos.