El Ministerio Público Federal ha integrado a la averiguación previa que se instruye a Elba Esther Gordillo por lavado de dinero y delincuencia organizada, dos testimonios de empleados de la Secretaría de Finanzas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y busca confirmar información que ha llegado de manera anónima, en la que supuestamente se aportan datos de la distribución de dinero a dirigentes seccionales y familiares de la ex lideresa.

Las fuentes consultadas refirieron que en la averiguación previa UEIORPIFAM/016/2013 –integrada por personal especializado en delincuencia organizada– ‘‘ya se están determinando las personas a las cuales les resultará cita para que declaren en torno al desvío de recursos, como son Francisco Arriola Urbina, quien se desempeñó como tesorero de la organización y secretario de finanzas; Héctor de Jesús Hernández Esquivel, tesorero; José Ángel Ibáñez, ex secretario de finanzas, y el ex secretario general Rafael Ochoa, por ser las personas autorizadas para el manejo de las dos cuentas’’ de donde se transfirieron ilegalmente más de 2 mil 600 millones de pesos a Gordillo, explicaron colaboradores del procurador Jesús Murillo Karam.

Las fuentes refirieron que en diciembre pasado Alberto Bazbaz, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, dio parte a la Procuraduría General de la República (PGR) del descubrimiento de transferencias que partían del SNTE, y entonces la indagatoria se coordinó –por decisión de Murillo Karam– con Alfredo Castillo Cervantes, actual subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, ya que en años anteriores ambos habían trabajado en la procuraduría mexiquense.

Los hallazgos de las autoridades mexicanas se combinaron con solicitudes de información que fueron atendidas por agencias estadunidenses. Los datos de las propiedades de Elba Esther Gordillo en ese país, así como los pagos a sus tarjetas y transferencias internacionales que pasaron por ese sistema financiero, fueron entregadas al gobierno mexicano a través del agregado de la PGR en San Diego, California, y allí también ‘‘encontramos nombres coincidentes en los movimientos de capital’’, dijeron las fuentes consultadas.

En enero ya se tenía identificados a los ‘‘operadores’’ de la dirigente magisterial, Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, Manuel Díaz e Isaías Gallardo, pero cuando se consignó el expediente y a la fecha, al Ministerio Público le faltan diligencias y pruebas que acreditaran jurídicamente que las personas autorizadas en el manejo de las cuentas 563701000001663 y 5637017000003616 de Banco Santander, auspiciaron los movimientos ilegales y, por esa razón, quienes se desempeñaron como tesoreros del SNTE, encargados de finanzas y dirigentes seccionales que han sido identificados como beneficiarios deberán comparecer para aclarar su participación en los movimientos financieros, dijeron los entrevistados.

Ayer, durante una entrevista radiofónica, el titular de la PGR fue interrogado en torno a los amparos solicitados por familiares y ex colaboradores de Gordillo Morales, entre ellos Francisco Arriola Urbina y René Fujiwara Apodaca, ex esposo y nieto de la lideresa; el funcionario contestó: ‘‘¿De qué se ampararon si no tenemos ninguna orden de aprehensión en contra de ellos?’’

Asimismo, Murillo Karam señaló que ‘‘tampoco hay, todavía’’, citatorios para declarar, y agregó que éstos se librarían ‘‘en caso de que surgiera y que hubiera algún indicio que nos diese con la pista o que nos pudiera conducir a una evidencia en ese sentido; (en ese caso) los citaríamos de inmediato, pero hasta este momento no hemos citado ni solicitado ninguna otra orden de aprehensión’’.

El procurador también informó que las declaraciones de Nora Guadalupe Ugarte están siendo analizadas: ‘‘Planteamos y fundamentamos evidencias y testimonios y estamos en el análisis de las cosas; apenas se abre el proceso y estaremos en condiciones de ver qué es lo que sucede y qué es lo que consideramos que debe tener la persecución o la solicitud de una orden de aprehensión; no tenemos todavía una opinión’’.

Precisó que la PGR trabaja en la investigación de ‘‘muchos cheques de caja, los cuales tengo que determinar quién los cobró, cuál fue el destino, pues aquí de lo que se trata es saber qué fue al sindicato, qué salió de él, qué es legal, qué es lícito y que es ilícito’’.