Ahuacachahue, Gro., 7 de marzo.

Ante la indolencia, la inacción o la complicidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno, las comunidades guerrerenses se han visto obligadas a garantizar su propia seguridad, no como un acto contra las instancias oficiales establecidas, sino como una medida desesperada para proteger su vida y detener al crimen organizado, señalaron los integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), durante una reunión con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva.

Por su parte, el ombudsman nacional se comprometió a apoyar y analizar las exigencias de justicia de los pueblos de la región, y aunque lamentó el abandono en que éstos han permanecido durante siglos, insistió en que nada justifica que los ciudadanos hagan justicia por su propia mano.

En el contexto de una reunión con Plascencia Villanueva, alrededor de 600 personas acudieron a la plaza central de esta comunidad de la Costa Chica de Guerrero –ubicada en el municipio de Ayutla de los Libres–, para denunciar los abusos de los que han sido víctimas por parte de los grupos de la delincuencia organizada, pero también de las fuerzas de seguridad del Estado, sin que nadie intervenga en su ayuda.

Al hacer un breve recuento de cómo surgieron las guardias comunitarias, Gonzalo Torres Valencia, uno de los coordinadores de dichos grupos, subrayó que las agresiones de los grupos criminales ya eran ‘‘insoportables’’, por lo que las comunidades advirtieron a sus agresores que no tolerarían más esa situación. ‘‘Nos dimos cuenta de que el enemigo principal era el miedo. Parece que cada cien años tenemos que hacer algo para nos volteen a ver’’, lamentó.

Por su parte, Samuel Bello, también integrante de los grupos de autodefensa, indicó que estos colectivos surgieron como una necesidad apremiante para combatir no sólo el crimen, sino también la impunidad que le garantizan las autoridades a los delincuentes al no actuar contra ellos. ‘‘Han dicho que las policías comunitarias son grupos clandestinos. Llámenles como quieran, pero nos han devuelto la tranquilidad’’, afirmó.

Aunque el objetivo de los organizadores del acto era dar a conocer sólo algunos testimonios de las víctimas de la violencia, los pobladores reunidos insistieron en que Plascencia Villanueva se quedara a escuchar a todas las personas que tuvieran alguna denuncia, por lo que el encuentro se prolongó durante más de tres horas y media.

Por el micrófono pudieron escucharse casos como el de Primitivo Urbano Solano, quien a pesar del miedo se decidió a acudir al Ministerio Público para denunciar el asesinato de su hijo Amalinalli, tan sólo para que el presunto responsable fuera a su casa con una copia de la demanda interpuesta unos minutos antes, para quemarla frente a él y amenazar de muerte a su familia.

También se oyó la voz de Armando Vega, originario de Ayutla, quien fue víctima de secuestro sin que ninguna autoridad se ofreciera a ayudarlo; Sabaz Onofre, cuyo hijo fue plagiado y asesinado impunemente, o Celso Martínez, de la comunidad de El Mesón, padre de José Luis Martínez, asesinado en Acapulco sin que las autoridades llevaran a cabo ninguna investigación verdadera para resolver el crimen.

Uno de los reclamos que se escucharon con mayor insistencia fue que los funcionarios de la CNDH y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos únicamente ‘‘defienden a los criminales’’, pero no a las víctimas, y que pese a tener conocimiento de lo ocurrido en la zona, nunca se habían manifestado al respecto. En ese tono, decenas de personas pasaron al frente a denunciar los agravios que han sufrido, mencionando muchas veces como responsables a integrantes de la banda delictiva conocida comoLos Pelones.

Bruno Plácido Valerio, dirigente de la Upoeg, recordó durante su intervención que la lucha de los pueblos de la Costa Chica empezó para frenar los cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad, para después extenderse contra los partidos políticos ‘‘que compran votos por la ignorancia del pueblo’’, y anunció que el próximo domingo se llevará a cabo una reunión para definir los lineamientos básicos de la policía comunitaria.

En su oportunidad, el ombudsman condenó el aislamiento, las carencias y el abandono en que han mantenido a los pueblos de esta zona del estado de Guerrero desde hace siglos; asimismo, negó que la CNDH se dedique a proteger a los delincuentes y subrayó que ‘‘todas las propuestas que me plantean las asumo dentro de nuestra competencia. Nosotros no somos sus enemigos, sino sus aliados’’.

Antes de partir de la comunidad, Plascencia Villanueva sostuvo que ‘‘todo gobierno debe cumplir con la función elemental de brindar seguridad pública a la sociedad, protegerla y evitar la impunidad [...] Estos grupos (de autodefensa) tienen que llevarse a la ley. Lo que no es válido es que se actúe al margen de la ley y se cometan delitos tratando de proteger a la sociedad. No hay justificación para hacer justicia por propia mano’’, aseveró Plascencia, quien dijo que volvería a esta zona ‘‘cuantas veces sea necesario’’ para darle seguimiento a su visita.