Estamos gobernados por la injusticia, declaró Alberto Patishtán Gómez desde el penal número 5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, tras enterarse del rechazo de los magistrados de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a admitir su caso, alegando que éste no cuenta con elementos suficientes para que el asunto amerite su atención.

Era una oportunidad para que se viera que en México hay justicia, lamentó vía telefónica el profesor tzotzil originario de El Bosque, y agregó: Los presos injustamente vamos a seguir luchando contra la injusticia y las corrupciones del sistema judicial.

Reconoció a los dos ministros que votaron a favor de su causa, Olga Sánchez Cordero y Arturo Saldívar. Ellos sí están dispuestos a conocer la verdad. Los otros no ven las cosas como deben ser.

Los miembros de la Voz del Amate y Solidarios de la Voz del Amate estamos indignados con estos jueces, que tenían en sus manos dar la libertad en un acto de justicia, y nada de eso. A nombre de ellos Patishtán sostuvo: Estamos en lo particular decididos a luchar todo lo necesario. No nos vamos a desanimar.

En tanto, el blog dedicado al profesor destacó la consternación y el enojo al conocer el resultado negativo para que esta sala atraiga el caso del profesor y se resuelva favorablemente, de los abogados Leonel Rivero y Gabriela Patishtán, la hija del preso de conciencia más importante del país, al salir de la audiencia en la Primera Sala de la SCJN (http://www.albertopatishtan.blogspot.mx/2013/03/los-ministros-de-la-suprema-corte-de.html).

Ahora el caso se regresa a una corte en Tuxtla Gutiérrez. Hay aún racismo en la justicia mexicana, sostuvo la defensa. Se espera que el expediente tarde tres semanas en llegar al tribunal colegiado en Tuxtla Gutiérrez, que presuntamente decidirá sobre el recurso de inocencia.

Patishtán está preso desde 2000, acusado de haber realizado en solitario una masacre de siete policías en la carretera Simojovel-El Bosque. El hecho, sin móvil y nunca acreditado satisfactoriamente ni investigado, ha permitido que el grave crimen siga impune, lo que evidencia la protección política de que gozan el ex gobernador priísta Roberto Albores Guillén y otros miembros de su gobierno en esa época, al menos por omisión.

Una vez más, según dijeron hoy los presos indígenas de Chiapas, la justicia no hizo su trabajo.