Río de Janeiro, 5 de marzo.

La dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985 financió con 115 millones de dólares la compra de equipos militares por parte de Chile, tras el golpe de Estado que llevó al poder al general Augusto Pinochet, revelan documentos secretos publicados hoy por el diario Folha de Sao Paulo.

El rotativo tuvo acceso a documentos confidenciales del Ministerio de Relaciones Exteriores que revelan que Brasil transfirió el dinero –equivalente a mil 300 millones de dólares, en valores de hoy– por concepto de préstamos en términos especialmente favorecidos, para requipar el ejército de Chile tras la toma del poder por la dictadura militar.

El préstamo se hizo a tasas de interés amigables, que podrían ser pagadas hasta en diez años en cuotas semestrales. En valores actualizados, el monto correspondería a unos mil 300 millones de dólares, agregó el diario.

Los documentos revelan que el préstamo fue concedido en tres cuotas, la primera, por 40 millones de dólares, fue autorizada el 4 de noviembre de 1974, un año y dos meses después del golpe que derrocó al gobierno de Salvador Allende.

En esa oportunidad, el gobierno brasileño autorizó un préstamo en condiciones excepcionales para los modelos brasileños de financiamiento oficial, según un informe elaborado en 1978 por el entonces secretario general del Consejo de Seguridad Nacional de Brasil, general Gustavo Moraes Rego Reis.

Otro documento revela que en 1975 el monto del crédito fue aumentado en 25 millones de dólares, en las mismas condiciones de la operación especial contratada con anterioridad.

A la postre, a pedido del embajador de Chile, Brasil liberó para Pinochet un nuevo crédito por 50 millones de dólares para compra de material de empleo militar, ya que los préstamos anteriores, que buscaban la garantía de la seguridad interna del país, fueron considerados insuficientes, revelan los documentos.

Brasil también vendió a Pinochet un sistema de telecomunicaciones cuyo valor total ascendía a 3.3 millones de dólares.

El diario obtuvo los papeles gracias a la Ley de Acceso a la Información, que entró en vigor en mayo del año pasado y permite a cualquier ciudadano solicitar datos de organismos del Estado.

El gobierno decidió enviar al Archivo Nacional todos los documentos de la dictadura militar y que estaban en diversos ministerios, fuera del alcance inmediato del público, consignó Folha.