Buenos Aires, 5 de marzo.

El juicio por los crímenes cometidos en el Plan Cóndor, esquema de coordinación represiva de los regímenes militares sudamericanos en los años 70 y 80, comenzó hoy en tribunales de Buenos Aires, donde comparece el ex dictador argentino Jorge Rafael Videla como principal acusado.

En el banquillo también está Reynaldo Bignone, el último gobernante del régimen militar argentino, junto a otros 23 ex oficiales de las fuerzas armadas y de seguridad.

Otro de los acusados es el ex general Luciano Menéndez, quien acumula siete condenas a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad durante la dictadura argentina entre 1976 y 1983. Los regímenes castrenses sudamericanos de entonces se unieron para intercambiar información, coordinar operativos de traslado de prisioneros y desaparición de opositores en sus respectivos territorios.

Todos son procesados por haber integrado una asociación ilícita dedicada al exterminio de los opositores políticos, integrada por jefes militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

“Estoy convencido de la existencia del Plan Cóndor y lo demuestran sobre todo las acciones de los implicados que demuestran que existió una asociación ilícita para trasladar personas de un país a otro”, dijo el fiscal del caso, Miguel Ángel Osorio.

Podría tardar dos años

La justicia buscará determinar el destino que tuvieron las víctimas de violaciones de los derechos humanos que pasaron por el centro clandestino de detención y tortura Automotores Orletti, que funcionó en la capital argentina. Unos 500 testigos declararán en este juicio que podría durar hasta dos años.

Durante la dictadura militar que gobernó entre 1976 y 1983 en Argentina desaparecieron unas 30 mil personas, según estimaciones de organismos de derechos humanos.

El ex coronel uruguayo Manuel Cordero es el único extranjero que comparece ante el tribunal argentino, acusado en 11 casos, entre ellos la desaparición de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman.

Vestido de traje azul y corbata bordó, Videla, de 87 años, escuchó sin inmutarse las acusaciones de la fiscalía al comienzo del juicio, el cuarto que enfrenta por violaciones a los derechos humanos en la dictadura.

El jefe del golpe de Estado de 1976 carga con dos penas de reclusión perpetua y otra a 50 años por crímenes de lesa humanidad y robo de bebés entre 1976 y 1981.

Videla y el resto de los acusados estaban separados de los familiares de las víctimas por un vidrio blindado, mientras en el primer piso de la sala de los tribunales de Buenos Aires se ubicaron los allegados a los imputados, alrededor de 15.

La causa se nutrió de documentos de la Agencia Central de Inteligencia desclasificados en Washington, que probarían el apoyo de Estados Unidos al plan, según abogados de la querella.

En 1992 fueron hallados en una estación policial de Paraguay los Archivos del Terror, que constan de cinco toneladas de documentos pertenecientes a la policía política, que revelaron los vínculos estrechos entre las fuerzas armadas y de seguridad de Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay.

También serán ventilados en el juicio dos casos emblemáticos de la coordinación represiva sudamericana: el del excanciller chileno Orlando Letelier asesinado en Washington en 1976 y el del general chileno Carlos Prats, quien murió en un atentado en Buenos Aires en 1974.

Letelier fue ministro de Salvador Allende y Prats un militar leal al mandatario socialista, derrocado en 1973 por Augusto Pinochet.

Hay un cable de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI que consta en la causa), luego del atentado a Letelier en Washington, donde se confirma la existencia del plan y explica que el objetivo es perseguir opositores y contribuir con los distintos gobiernos de la región en inteligencia y logística en cualquier territorio, añadió el fiscal Osorio.

Otros 15 imputados fallecieron antes del comienzo del juicio.