En México no hay prevención del delito. El sistema de justicia y seguridad se aboca a la reacción, lo que implica altos costos y poca eficacia en la aplicación de justicia y, al mismo tiempo, gran cantidad de víctimas, afirmó Irvin Waller, profesor de la Universidad de Ottawa y presidente de la Organización Internacional para el Apoyo a Víctimas, organización con estatus consultivo del Consejo Económico y Social de la ONU.

Durante el foro Víctimas: legado de la violencia de la guerra contra el narcotráfico en México, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IJJ) de la UNAM, indicó que es necesario que México invierta en la prevención del delito con base en el conocimiento científico.

Subrayó que si el Estado destinara a prevención sólo 10 por ciento del total de lo que asigna para la seguridad (reacción), se lograría disminuir hasta en 50 por ciento la violencia en menos de una década.

Los gobiernos deben invertir en acciones para prevenir la violencia. Sin recursos en ese rubro veremos demasiadas víctimas con daños y dolor, advirtió.

Asimismo, destacó la necesidad de crear un sistema de justicia que atienda a los afectados y no los vea sólo como un objeto, sino como actores y participantes. El desafío –insistió– es responder a las víctimas del delito mediante políticas enfocadas a ese sector.

Para ello –dijo–, se les debe dotar de derechos inalienables: reconocimiento, información, ayuda, reparación, protección (contra el victimario), participación y representación, a políticas eficaces de prevención de victimización y a la implantación integral de políticas. Para el experto, el hecho de que en el país más de 90 por ciento de los delitos no se denuncien refleja que las víctimas no tienen confianza en su sistema de justicia.

Para alcanzar un modelo que en verdad respete, atienda y vea a los afectados como parte del proceso, Waller planteó que el conocimiento se use para reducir la violencia y prevenir el delito, crear centros de recompensa en los niveles de gobierno, la figura de ombudsman autónomo que atienda a ese sector, generar instituciones para la evaluación de las estrategias y los policías, y realizar continuamente balance de gastos.

Durante el foro, los participantes hicieron una crítica a la estrategia contra el crimen organizado seguida durante la administración de Felipe Calderón, la cual trajo consigo muerte y mayores índices de violencia. Se apuntó que entre 2007 y 2011 la tasa de homicidios en el país se triplicó, al pasar de 8.4 a 24 por cada 100 mil habitantes.

Mayolo Mejía, del IIJ, afirmó que el modelo de sangre y fuego aplicado en el último sexenio demostró que es pernicioso. Agregó que una vez publicada la Ley General de Víctimas, ahora el reto será generar las leyes secundarias adecuadas que permitan su aplicación.

Por su parte, Rosa María Álvarez de Lara, investigadora del IIJ, lamentó que México no esté dispuesto a invertir en la prevención y la atención a las víctimas.

Confió en que la ley recién publicada comience a operar de inmediato: espero que no sea como tantas leyes en este país que no se cumplen. Propuso que las multas que se apliquen a partidos políticos se dirijan a un fondo de asistencia para los afectados por la violencia.