El gobierno federal prepara un proyecto de cambios a la Ley General de Víctimas, el cual se está acordando con las organizaciones sociales y es posible que se presente en este mismo periodo de sesiones, reveló ayer la subprocuradora jurídica de la Procuraduría General de las República, Mariana Benítez.

Durante el foro Derechos de las víctimas y la Nueva Ley General de Víctimas, organizado por el PAN en el Senado, la mayoría de los ponentes, entre ellos ex funcionarios del gobierno de Felipe Calderón, descalificaron la legislación que el ex presidente vetó e incluso presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra su publicación, ordenada por el Senado.

Finalmente, el presidente Enrique Peña Nieto retiró la controversia y promulgó la Ley General de Víctimas, que entrará en vigor el próximo 9 de febrero. Sin embargo, al inaugurar el acto, el presidente del Senado, Ernesto Cordero, resaltó que nunca debió publicarse ese ordenamiento, porque tiene muchas carencias y deficiencias; si queremos actuar con responsabilidad tenemos que encontrar y decidir cuáles son las modificaciones que se le deben hacer para que sea operativa y efectiva; se tiene que legislar sin demagogia para atender a las familias de las víctimas, aseveró.

Igualmente, Roberto Gil Zuarth, quien fue secretario particular de Calderón y ahora senador panista, destacó: “Un primer tema de preocupación es el fondo. Por ejemplo, Florence Cassez, a quien la Corte ha dicho que se le violaron sus derechos humanos, puede recurrir a una indemnización porque se le han violado sus derechos. ¿Eso queremos como objeto de esta ley?

Además –abundó Gil Zuarth–, “el próximo 9 de febrero entrará en vigor y el problema financiero del fondo no está resuelto. Si se cometen 2 millones de delitos al año, y si por lo menos un millón de víctimas demanda reparación del daño, con un tope de 500 veces el salario mínimo actual –971 mil pesos–, sería casi un billón pesos”.

A su vez, Carlos Elizondo Mayer, ex embajador de México ante la OCDE y académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, resaltó: No conozco ningún país que se haga cargo de compensar a las víctimas si no aparece el victimario. Esta ley es un desastre; cuando se promulgó, el titular de la PGR dijo que ese ordenamiento era perfectible. Además, las implicaciones presupuestales son incuantificables.

Isabel Miranda de Wallace, activista y víctima de la delincuencia organizada, declaró: Entiendo que la subprocuradora venga a defenderla (la ley); dice que van a adelgazar algunos delitos, pero no es viable una norma cuando se crea burocracia para que reconozcan la calidad de víctima. Tiene muchas debilidades, y si no se corrigen será letra muerta.

Miguel Sarre, investigador del ITAM, sostuvo ante los panistas: No se requiere una reforma constitucional; la ley tiene asidero en la Carta Magna. El Congreso sí tiene mandato para legislar sobre Ley General de Víctimas y eso debe quedar muy claro. Si fuera anticonstitucional no podríamos salvarla.

Expuso que, en efecto, hay que hacerle modificaciones, pero partiendo de que es constitucional.

En tanto, la subprocudora Mariana Benítez también resaltó que la ley es constitucional: está dirigida a atender las reparaciones de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos. Se establece un sistema nacional de afectados. No es perfecta, pero es bondadosa.

Miguzel Alessio Robles, consejero jurídico de la Presidencia de la República en el gobierno de Felipe Calderón, advirtió: esta ley es anticonstitucional; cualquier persona que se vea afectada por ella puede solicitar amparo, y cualquier estado o municipio que se sienta vulnerado puede presentar una controversia constitucional, y a las cinco resoluciones de la Corte esta ley puede desaparecer del orden jurídico.