Representantes de la sociedad civil en el Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas solicitaron a la Secretaría de Gobernación información detallada sobre la operación de este protocolo, desde su creación, en octubre de 2012, hasta la fecha.

Ante versiones difundidas acerca de contratos discrecionales para brindar servicios de apoyo a defensores y comunicadores, la dependencia aseveró que no ha tenido trato ni relación contractual alguna con empresa israelí para proveer servicios de seguridad, como trascendió en días pasados.

Durante la segunda sesión –en lo que va del sexenio peñista– de la junta de gobierno de este mecanismo, se informó que su fideicomiso cuenta con 41 millones de pesos, cantidad con la que podría apoyarse a una treintena de periodistas y defensores que han solicitado medidas de protección, al considerar que su vida está en riesgo.

Gobernación aceptó que un miembro de la sociedad civil participe como observador en la operación de dicho fideicomiso, cuyo órgano de vigilancia lo integran funcionarios de la dependencia, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Cualquier contratación de estos servicios se hará conforme a la ley y con plena observación de las organizaciones de la sociedad civil representadas en la junta de gobierno del mecanismo, señaló.

Piden protección periodistas y defensores de derechos

A los 41 millones en mención se añadirán alrededor de 129 millones de pesos, correspondientes a la partida presupuestal aprobada para este año.

Está pendiente determinar cuáles serán las reglas de operación del fideicomiso; pedimos que haya representantes de periodistas y defensores, no sólo de funcionarios públicos, indicó Édgar Cortez, director del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, uno de los representantes de la sociedad civil en la junta de gobierno del mecanismo.

Al término de la sesión, realizada la tarde del martes en el Palacio de Covián, señaló que es importante que en el reparto de los recursos destinados para la protección exista la mirada de integrantes de los grupos civiles.

Otro de los puntos a revisión fue el estatus de solicitudes. Hasta ahora, alrededor de 30 personas han pedido apoyo gubernamental, al amparo del mecanismo de protección.