El presidente Felipe Calderón Hinojosa propuso modificaciones al proyecto de Ley General de Víctimas, con el propósito de mejorarlo, fortalecerlo y enriquecerlo.

Para ello, el gobierno federal convocó a legisladores y organizaciones de la sociedad civil a participar en una mesa de trabajo que en muy poco tiempo concluya con un nuevo documento, el cual podría someterse al Congreso de la Unión en un periodo extraordinario de sesiones, aseguró Rubén Fernández, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

En conferencia de prensa, el funcionario puntualizó que no se trata de un veto presidencial a la iniciativa aprobada por el Poder Legislativo en abril pasado, sino del interés del Ejecutivo porque el país cuente con una ley eficaz que funcione en beneficio de las víctimas del delito.

Dijo que el asunto ya se planteó a los legisladores y a las agrupaciones civiles, incluido el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia, los que vieron con buenos ojos las observaciones. Hay recepción con empatía a los planteamientos del gobierno federal y están de acuerdo con la necesidad de juntos arrastrar el lápiz para concretar las modificaciones al documento en el menor tiempo posible, afirmó.

De hecho, señaló que a más tardar en dos semanas se podría instalar la mesa de trabajo y concretar una ley eficaz y sin hendiduras.

El proyecto de la Ley General de Víctimas es el mismo sobre el que hasta hace unas semanas hubo controversia por falta de información sobre el sitio en que se encontraba, luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Arce Paniagua (PAN), lo envió a la Secretaría de Gobernación, y el mismo día (10 de mayo) solicitó que se lo devolvieran para realizar una revisión del expediente.

Ayer, Rubén Fernández explicó que los cambios propuestos por el Ejecutivo son: modificar la Constitución en su artículo 21, a fin de que a un lado de la protección a las víctimas se puntualice qué instancias tienen la responsabilidad de atenderlas. Se trata –explicó– de que las personas no anden tocando puertas de dependencias y niveles de gobierno en busca de justicia y reparación del daño.

Se busca –enfatizó– que no haya modo de que las autoridades se escapen de su responsabilidad y de contar con una base constitucional armónica con criterios comunes y responsabilidades claras, para que las víctimas no sufran revictimización con procedimientos engorrosos y buscando ventanillas.

Señaló que el gobierno federal aplaude que los legisladores hayan dado al proyecto de ley un amplio panorama y además de la reparación del daño contemple la atención en servicios sociales, de salud y educación que requieren las personas. Sin embargo –precisó–, es necesario armonizar este precepto con otras legislaciones y evitar contraposiciones.

El objetivo en este caso es evitar que haya obstáculos al momento de querer hacer valer la Ley de Víctimas, apuntó.

Otro aspecto en las propuestas de cambio hechas por Calderón a la ley que en abril se aprobó en el Congreso, en cuya discusión tuvo activa participación el Movimiento por la Paz, es que se aproveche la experiencia institucional, en específico la de Províctima, que a la fecha ha atendido a 7 mil personas. Tiene experiencia, estructura y presupuesto, indicó Fernández.

El Ejecutivo también planteó que en el nuevo ordenamiento se clarifique el tema de la subsidiariedad, es decir, asegurar que será el delincuente el primer responsable de la reparación del daño a las víctimas. Cuando éste no pueda, o por cuestión de urgencia, será el Estado el encargado de dicha reparación, pero luego se lo cobraría al delincuente, y así debe quedar expresado en la ley.

El subsecretario explicó que este es un asunto más técnico que político, que pretende evitar más costos a las finanzas públicas y a los ciudadanos.