yer, a menos de 24 horas del cierre de las casillas electorales y sin que haya aún resultados definitivos para los comicios del pasado domingo, el candidato presidencial de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista, Enrique Peña Nieto, anunció que integrará un equipo de trabajo, compuesto por profesionales y expertos en el ámbito de las políticas públicas, para redactar las iniciativas de reforma que el político mexiquense planea enviar al Congreso de la Unión en materia hacendaria, laboral, energética y de seguridad social.

Las declaraciones del priísta, en conjunto con la premura de las autoridades electorales, de los medios de comunicación y del propio titular del gobierno federal, Felipe Calderón, por declararlo vencedor de los comicios del pasado domingo, abonan a la percepción de que se busca crear un ambiente propicio para su declaratoria como presidente electo, por más que el proceso electoral vigente diste mucho de haber concluido. Como recordó ayer el aspirante presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, dicho proceso tiene que recorrer aún un largo camino institucional y legal –que pasa por la realización, a partir de mañana, de los llamados cómputos distritales y concluye con la calificación de la elección por el tribunal electoral y con la emisión del fallo correspondiente–, durante el cual tendrán que investigarse el cúmulo de denuncias por prácticas ilegales y antidemocráticas que han salido a la luz pública en días y horas recientes.

Las sospechas o certezas sobre prácticas fraudulentas antes y durante los comicios de este primero de julio motivaron ayer mismo una masiva marcha del movimiento #Yosoy132 en repudio a la suciedad electoral, así como el anuncio, formulado por el propio López Obrador, de que el Movimiento Progresista impugnará la elección y agotará todos los cauces legales para transparentarla.

Pero más allá del aspecto formal, la alocución del abanderado del tricolor desnuda sus pretensiones de encabezar un gobierno volcado a la profundización de las llamadas reformas estructurales que vienen siendo aplicadas desde hace cinco sexenios: apertura del mercado interno, adelgazamiento del Estado, liquidación de las estrategias de bienestar social y de subsidios a la economía popular, privatización masiva de bienes públicos, transferencia de los fondos de jubilación de los trabajadores a las corporaciones financieras privadas, políticas de contención salarial y de hostigamiento oficial a los sindicatos independientes, desregulación indiscriminada y aplicación de criterios fiscales que exoneran de la mayor parte de sus obligaciones a los grandes capitales y se encarnizan con los causantes cautivos. En el momento presente, el candidato presidencial favorecido por las tendencias oficiales anunció su pretensión de centrarse en las reformas hacendaria, laboral, energética y de seguridad social.

De consolidarse y concretarse la anunciada victoria en las urnas de Peña Nieto, el grupo gobernante deberá tomar en cuenta no sólo a la parte de la ciudadanía que considera inaceptable tal victoria por los métodos inequitativos y oscuros puestos en práctica para lograrla, y que se moviliza por su esclarecimiento, sino también al sector social que se ha opuesto en forma sistemática a la orientación política y económica de las recientes administraciones federales y a la aplicación local del llamado consenso de Washington, y que hace cuatro años se mostró como mayoritario y logró detener el intento oficialista de privatizar los sectores más redituables de la industria petrolera nacional.

En suma, incluso si se confirman los datos proporcionados por los conteos rápidos del IFE, se determina la validez de la elección y se oficializa la victoria electoral de Peña Nieto, sería un grave error de éste y de su equipo creer que los sufragios obtenidos el pasado domingo equivalen a un mandato para continuar y ahondar reformas antipopulares y lesivas para el interés nacional. Si la convocatoria del abanderado priísta a deponer diferencias y ocuparse de construir a favor de México es algo más que mera retórica, deberá abstenerse de revivir elementos de división y discordia como las citadas modificaciones al marco legal vigente.