l candidato presidencial del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer ayer que sus simpatizantes han encontrado inconsistencias en 113 mil de las más de 143 mil casillas electorales instaladas en los comicios del pasado domingo, y solicitó, en consecuencia, que la autoridad electoral realice un recuento total de los sufragios.
La proliferación de anomalías aritméticas en casillas de todos los distritos electorales, en conjunto con las denuncias y la evidencia documental de compra masiva de sufragios y de prácticas de distorsión o cooptación de la voluntad popular en la jornada del pasado domingo, ha instalado al país en un escenario de incertidumbre y sospechas similar al que se vivió en 2006, en el que el papel de las autoridades electorales –y por consecuencia, los resultados oficiales de la elección– comienza a ser ampliamente cuestionado por un creciente sector del electorado.
Resulta claro que la institucionalidad electoral difícilmente podrá disipar las dudas sobre la transparencia de los comicios y ayudar a distender la exasperación ciudadana en ciernes si no es mediante un nuevo cómputo total de las boletas. Es importante recordar que, a diferencia de lo ocurrido hace seis años, cuando el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se negaron al recuento voto por voto que pedía el entonces abanderado presidencial de la Coalición por el Bien de Todos, el marco legal vigente observa una diferencia fundamental: a raíz de la reforma de 2007, la legislación electoral incorpora diversas causales que obligan a la autoridad a acceder a un conteo total de los votos, entre las cuales se encuentra, precisamente, la existencia de inconsistencias en las actas de escrutinio. No hay, pues, obstáculo legal alguno para no atender la petición formulada por el Movimiento Progresista: al contrario, si la jornada cívica del domingo fue limpia
y ejemplar
, como afirmó el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, ese organismo debiera ser el principal interesado en dotar a los resultados comiciales de una base de certidumbre electoral y transparencia.
Por lo que hace al candidato de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto –quien hasta el momento es favorecido por las tendencias oficiales–, éste tendría que respaldar el recuento voto por voto por elementales motivos de apego a la legalidad, pero también por conveniencia política: una confirmación, durante esos recuentos, de los datos disponibles hasta ahora daría a la delantera del priísta una credibilidad que no han podido darle ni el PREP ni los conteos rápidos. En cambio, una negativa de su parte a respaldar el nuevo cómputo total de los sufragios lo marcaría con un estigma de ilegitimidad y opacidad similar al que afectó al aún titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, a lo largo de toda su administración.
Sea cual fuere el escenario que pueda arrojar un eventual recuento de los votos –la confirmación de las irregularidades denunciadas y la consecuente reconfiguración de los porcentajes de los candidatos, o bien la ratificación del triunfo del aspirante tricolor–, será preferible a la incertidumbre y la sospecha de fraude que recorren actualmente a importantes sectores de la ciudadanía. Más que hacerlo por atender a la demanda de uno de los aspirantes presidenciales, el IFE debe ordenar el recuento voto por voto como una acción de cabal cumplimiento de la legalidad y de sentido común, y como una medida tendiente a evitar una nueva fractura social cuyas consecuencias serían obligadamente catastróficas.
