Nueva York, 28 de junio. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, bajo liderazgo republicano, declaró hoy en desacato al procurador general de Estados Unidos, Eric Holder, por no entregar documentos oficiales sobre la fallida operación Rápido y furioso, aunque en el trasfondo esto tiene poco que ver con frenar el tráfico de armas hacia México y mucho con detener los intentos de controlar el flujo de armamento en este país y, a la vez, atacar políticamente a la administración de Barack Obama.

Aunque la votación marca la primera vez en la historia del país que el Congreso ha declarado en desacato a un integrante del gabinete de un presidente, en términos prácticos el impacto es más simbólico, ya que el encargado de imponer sanción es el Departamento de Justicia, encabezado por el procurador general de la nación, es decir, el mismo Holder.

Sin embargo, la cámara también aprobó una segunda resolución, que avala una demanda civil por desacato contra Holder, lo cual podría llevar a una disputa entre el Congreso y la Casa Blanca ante tribunales.

Los largos meses de la disputa en torno a la operación Rápido y furioso culminaron en la votación de 255 contra 67 (17 demócratas votaron con sus colegas republicanos), mientras unos 100 demócratas abandonaron el pleno de la Cámara, acusando que se trataba de una maniobra política con fines electorales para dañar el gobierno de Obama.

Esta última vuelta en la controversia sobre la operación fue detonada el año pasado, cuando el Departamento de Justicia rehusó entregar una serie de documentos de sus discusiones internas sobre el escándalo, durante la investigación legislativa de Rápido y furioso.

La semana pasada, el presidente Obama declaró que usaría su privilegio ejecutivo para bloquear la entrega de esa información, mientras su Departamento de Justicia afirmaba que ya había cooperado plenamente con la investigación, entregando más de 7 mil 600 documentos y presentándose numerosas veces ante los comités del Congreso para declarar sobre el asunto.

Rápido y furioso fue una operación realizada entre 2009 y 2011 por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF, por sus siglas en inglés) para investigar la venta de armamento en Arizona con destino al crimen organizado de México.

Al intentar rastrear la compra y el destino de las armas, la ATF perdió de vista unas 2 mil de ellas, incluyendo varias que después fueron encontradas en escenas de delitos y en un incidente en el que murió acribillado un agente estadunidense de seguridad fronteriza.

El procurador estadunidenses, Eric Holder, reiteró que cooperó con los legisladores que investigan la operación Rápido y furiosoFoto Reuters

Holder emitió una declaración reiterando que había cooperado y que la votación de hoy fue más bien políticamente motivada. El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Dan Pfeiffer, señaló que se trató de una maniobra política transparente y teatro político.

Pero tal vez el detalle más curioso es que la investigación sobre el escándalo de que el gobierno permitió la compra y el tránsito hasta de 2 mil armas a México es promovida por políticos y organizaciones que se oponen a mayores controles sobre la adquisición y posesión de armamento en este país.

No sólo eso. Varios legisladores republicanos encargados de esta investigación se han opuesto a medidas mínimas para intentar reducir el flujo de armas a México propuestas por el gobierno de Obama en los últimos años.

Tal vez el dato más llamativo en todo este episodio es que la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones de cabildeo más poderosas del país que abogan contra todo control sobre la venta y posesión de armas, advirtió a los 435 integrantes de la cámara que estaría observando sus votos hoy en el caso contra Holder y que eso determinará si apoya o se opone a sus campañas de relección, amenaza muy real para no pocos legisladores, ante el poder de la agrupación.

El representante republicano a cargo de la investigación y quien impulsó la declaratoria de desacato contra Holder, Darrell Issa, y otras figuras conservadoras, junto con la NRA, han difundido en los medios aquí que es muy posible que Rápido y furioso haya sido una conspiración del gobierno de Obama y la ATF para lograr su deseo de imponer un mayor control sobre el comercio de las armas.

Según eso, la operación fracasó a propósito, ya que su objetivo real fue facilitar el envío de armamento al crimen organizado mexicano y así provocar más violencia ligada a las armas, especialmente las favoritas: los rifles de asalto, como los AK-47.

Han señalado que de esa manera el gobierno de Obama esperaba generar mayor apoyo público para justificar la imposición de más controles y regulaciones sobre la adquisición de armas en Estados Unidos.

El escándalo, por tanto, no es por la venta de armas sin restricciones reales en Arizona, sino para evitar que se impongan mayores controles sobre ellas y el derecho de poseerlas en el país más armado del mundo.