ámaso Morales, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la UNAM, y Martha Barbara Ocjman Ikanowicz, del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), criticaron ayer la indolencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ante los atropellos de que han sido víctimas ciudadanos mexicanos que viajan a España. Como es conocido, desde hace más de un lustro, las autoridades hispanas hicieron más exigentes sus políticas de ingreso a su territorio, particularmente hacia personas que llegan a las terminales aéreas de Barajas (Madrid) y El Prat (Barcelona) procedentes de América Latina. Ciertamente, algunos requisitos agregados para ingresar a España se multiplicaron más allá del establecimiento del denominado espacio Shengen, que suprime los controles migratorios en un conglomerado de 27 países europeos y que los especifica para cualquiera que provenga de otra nación.

Pero, más allá de la exigencia legal del gobierno de Madrid, de documentos de viaje, dinero o medios económicos, muchos viajeros procedentes de Latinoamérica –y de México en particular– se han topado con actitudes ofensivas, racistas y humillantes de funcionarios españoles, y no pocos han sido víctimas de atropellos de diverso grado, desde interrogatorios hostiles hasta dejarlos varios días en una situación de virtual arresto aeroportuario, sin proceso, imputación ni más culpa presumible que la de ser extranjero. Sólo en el curso del año pasado, 260 mexicanos fueron impedidos de entrar a España y deportados sin justificación ni motivo válido.

El sábado pasado la canciller Patricia Espinosa destacó la improcedencia de aplicar una política de reciprocidad y de establecer medidas espejo al ingreso de españoles que visitan México porque ello sería realmente contrario al principio de incrementar el turismo. Sin duda, las medidas de retaliación serían inaceptables, pero no por la pragmática razón aducida por la titular de Relaciones Exteriores, sino por principios éticos fundamentales y porque tanto las exigencias administrativas aplicadas por Madrid como los abusos cometidos por sus funcionarios están alentados por una xenofobia que por ningún motivo merece ser imitada.

El camino correcto y necesario para proteger a los connacionales de los atropellos de que muchos están siendo víctimas en su llegada a territorio español consiste en exigir al gobierno que encabeza Mariano Rajoy que investigue, controle y sancione a los empleados que han cometido abusos injustificados contra viajeros latinoamericanos, y exigirlo de manera pública, clara y firme. Ha de actuarse así no sólo para preservar los derechos y la certidumbre jurídica de mexicanos y latinoamericanos en general, sino también para impedir que la creciente hostilidad xenófoba de funcionarios migratorios y policiales hispanos termine por generar un ambiente análogo de este lado del Atlántico en contra de los ciudadanos españoles. Ello es particularmente necesario en momentos en que, como se señaló el 2 de junio en este mismo espacio, parece próxima una nueva oleada de emigrantes económicos procedentes de la península ibérica hacia la América de habla española y portuguesa, impulsado por la feroz crisis financiera que enfrenta el Estado español y por la brutalidad de los ajustes antipopulares que están siendo aplicados por el gobierno de Rajoy.