contrapelo de las insistentes expresiones del gobierno encabezado por Mariano Rajoy en el sentido de que España no requeriría del rescate de la Unión Europea para superar la actual crisis de su sistema bancario, Madrid solicitó ayer finalmente un paquete de ayuda económica a Bruselas, y el denominado eurogrupo –integrado por los ministros de finanzas del conglomerado de naciones– concedió a ese país una línea de crédito hasta por 100 mil millones de euros que serán destinados para capitalizar a sus bancos y pasarán a formar parte de la deuda pública española.
Se asiste, pues, a la redición, en España, de un escenario parecido al que se vivió en México a finales de la década antepasada –cuando se convirtieron los pasivos de los bancos en deuda pública a través del Fobaproa–, que representa una radiografía nítida de la indiferencia al drama social que se vive en diversas naciones del viejo continente –Grecia y España, de manera notoria– y del designio neoliberal de rescatar a toda costa a los capitales privados.
En efecto, mientras que el plan referido representa una bocanada de oxígeno para entidades bancarias que tuvieron una responsabilidad inocultable en la génesis de la crisis que azota actualmente al viejo continente –particularmente por sus préstamos alegres
en el sector inmobiliario–, para la sociedad española, sometida a la inflexibilidad y la dureza de sus autoridades, representará cuotas adicionales de sufrimiento y sacrificio social y humano.
Menguado orgullo puede representar para España, por lo demás, la afirmación de su ministro de Economía, Luis Guindos, de que el rescate europeo no representa la más mínima cesión de soberanía, cuando las medidas exigidas por la troika europea a otras naciones en dificultades a cambio de ayuda han sido aplicadas de antemano y en forma unilateral por el gobierno español: cobijado en la amplia votación que su partido recibió en la elección de noviembre pasado, Mariano Rajoy ha comenzado a imponer desde hace meses una descarnada ortodoxia neoliberal que amenaza con destruir el estado de bienestar que España había venido construyendo desde el fin de la dictadura, que se afecta tanto a los asalariados y los jubilados –desprovistos de golpe de conquistas históricas–, como a desempleados y trabajadores migrantes indocumentados –privados de casi todos los servicios de salud– y que deja prácticamente sin futuro a los sectores juveniles.
Para colmo, la línea de crédito otorgada a las entidades bancarias podrá contribuir en lo inmediato a evitar o postergar la quiebra en ese sector y dará respiración artificial a una unidad monetaria europea que parece pender de alfileres, pero que difícilmente encauzará a España y al continente por el camino de una recuperación económica: las políticas de choque impulsadas por Rajoy –cuya continuidad será vigilada por Bruselas– impiden la reactivación de la economía interna, cancelan las perspectivas de reducción del desempleo –que actualmente ronda 25 por ciento– y obstaculiza, en consecuencia, la creación de bases sólidas para la superación de la actual crisis.
El paquete de ayuda aprobado ayer por la UE, en suma, no representa en absoluto una operación de salvamento para la población, sino una nueva etapa de la ofensiva del capital contra la gente, que suele agudizarse en tiempos de crisis, y que vulnera la estabilidad, la gobernabilidad y la viabilidad misma de los países.
