Eliminar el cáncer de la corrupción es indispensable para que México sea un país de leyes y garantizar que los recursos públicos se traduzcan en beneficios para la población, en lugar de que terminen en manos de algunos pocos, aseguró el presidente Felipe Calderón.

Al firmar el decreto de la Ley Federal Anticorrupción en contrataciones públicas, advirtió sobre la necesidad de que, así como se requiere de gobiernos y servidores públicos honestos, el país también cuente con medios de comunicación fuertes e independientes, que investiguen con seriedad y responsabilidad, y no generen actos equivalentes de corrupción, donde la verdad de la información esté sujeta a transacción económica.

Durante la ceremonia efectuada en la escalinata de la casa Miguel Alemán de Los Pinos, dijo que la corrupción es un problema que quizá ha estado presente durante siglos; es un mal que obstruye el desarrollo del país, perjudica la actividad económica, resta recursos al pueblo que con enorme esfuerzo contribuye a generarlos, y daña la competitividad de la economía.

La corrupción también desalienta la inversión y propicia, entre muchos males, la inequidad. De ahí, la iniciativa de ley que ayer suscribió y con la cual se aborda el tema desde todas sus aristas y en toda su complejidad, dijo.

Luego explicó que hasta hoy, la normatividad se ha enfocado en actuar contra los servidores públicos que buscaban un beneficio personal e incurrían en acciones ilegales en el transcurso de los procedimientos de licitaciones para la adquisición de bienes o la contratación de servicios.

La vigilancia y sanción sobre este aspecto continuará y se agrega el castigo a quienes desde la sociedad o la iniciativa privada participan en esos actos, ya sea ofreciendo dádivas o aceptando arreglos turbios para obtener ventaja sobre sus competidores, explicó Calderón.

Siempre que existe un funcionario que acepta un soborno, dijo, también hay alguien que lo ofrece.

El nuevo ordenamiento prevé sanciones para funcionarios, personas físicas o morales que participen en actos de corrupción, de hasta 2 millones de salarios mínimos, equivalentes en la actualidad a 124 millones de pesos; y cuando se compruebe que el beneficio obtenido por la empresa por el ilícito es superior a este monto, la multa podrá incrementarse sustancialmente, indicó.

Los delitos que se tipifican en la ley son soborno, extorsión, colusión, simulación, tráfico de influencias y presentación de información falsa. Otra novedad es que la aplicación de la norma es para mexicanos y extranjeros.

Ante funcionarios y el titular de la Secretaría de la Función Pública, Rafael Morgan Ríos, el Presidente comentó que en el Congreso todavía está pendiente la aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por la cual se propone facilitar la denuncia ciudadana y el establecimiento de mecanismos de protección para los denunciantes.

Otro de los grandes pendientes del país que ya están fuera del alcance del Ejecutivo federal es avanzar en la homologación contable y en la transparencia de las entidades federativas. Resaltó que aunque existe una ley federal de transparencia, en algunos estados –dijo, sin precisar cuáles– francamente prevalece la opacidad, que es precisamente la madre de la corrupción en México y el mundo.