Ciudad Juárez, 30 de mayo. En sus conclusiones preliminares, puesto que el juicio propiamente dicho será en 2014, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) propuso nombrar terrorismo de Estado al conjunto de violencias que ocurren en México. “Es un término que da cuenta de la naturaleza de lo que se está viviendo y sufriendo, identifica al responsable. (En cambio), términos como guerra sucia o estrategia contrainsurgente pueden llevar a diluir de la naturaleza de lo que está sufriendo el pueblo mexicano”.

Entre las sugerencias que el jurado hizo al capítulo México del TPP está seguir trabajando las memorias del dolor, pero a la vez ir construyendo las memorias de la lucha.

Pero las conclusiones preliminares fueron más allá del costal de la guerra contra el narcotráfico y sus efectos colaterales, toda vez que la intención del TPP es ir a las raíces de la violencia, la desigualdad y la destrucción del medio ambiente, que ubica en el libre comercio.

Así, sugirió: Las organizaciones sociales mexicanas deben estudiar los mecanismos posibles para la retirada de México del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Igualmente, el jurado planteó la necesidad de pensar y construir el derecho de otra manera, pensar y construir otra institucionalidad que sí responda a los derechos de los pueblos.

Pese a lo anterior, propuso al Capítulo México –en cuyas manos quedarán los trabajos a lo largo de dos años– que no se deseche ningún mecanismo, por imperfecto que sea, para que los responsables de las violaciones a los derechos humanos, políticos, sociales y económicos de los mexicanos sean juzgados.

Paralelamente, sostuvo el TPP, se precisa construir la condena social, que alcance a todos los autores de los crímenes de lesa humanidad.

Los jurados del tribunal, que se concibe como una caja de resonancia de la condena ética, hicieron una recapitulación de las denuncias y acusaciones presentadas a lo largo de tres días que revelan que, poco a poco, el Estado se ha convertido en un guardián de los intereses privados.

El catalán Antoni Pigrau, relator en el Capítulo Colombia del TPP, dio lectura a algunas de las conclusiones preliminares. A contrapelo del discurso dominante, dijo, los principios del libre mercado no son compatibles con la dignidad humana ni con la sustentabilidad del medio ambiente.

Aunque el TPP estima que el Estado mexicano no es el único responsable, esa condición no lo exime de su responsabilidad principal, por acción o por omisión, pues tiene un papel central en la definición y aplicación de políticas que han llevado a la vulneración masiva y sistemática de un conjunto de derechos civiles, políticos, económicos y sociales de una gran parte de la población mexicana.

Crímenes contra la humanidad

También aseguró que muchos de los crímenes constatados pueden ser calificados como crímenes contra la humanidad, en los términos del estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ratificado por México, puesto que puede entenderse que han sido cometidos como parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil.

El Estado mexicano, dijo también el jurado, no ha sido capaz de proteger los derechos humanos ni de castigar a los responsables de las violaciones, por lo que es también responsable del escenario de impunidad prevaleciente.

Mireille Fanon Mendes, hija del legendario Frantz Fanon, sugirió que la tragedia de los desaparecidos y los feminicidios sea llevada ante los respectivos comités de la Organización de Naciones Unidas.

Ayer, los integrantes del jurado del TPP viajaron de Ciudad Juárez al Distrito Federal, donde este día se inicia la audiencia laboral, en la sede del Sindicato de Telefonistas. Según el programa de la audiencia, los gremios y grupos de trabajadores participantes presentarán una acusación contra el gobierno mexicano por desarrollar una política violatoria a los mínimos derechos humanos y laborales de los mexicanos. Asimismo, se proponen juzgar al Estado mexicano por ser el promotor de la violencia, exclusión, pobreza, marginación, desigualdad y desempleo.

La audiencia será inaugurada por el diputado y dirigente telefonista Francisco Hernández Juárez y contará con la participación del obispo Raúl Vera, así como de representantes de los mineros de Pasta de Conchos, del Sindicato Mexicano de Electricistas y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, entre otros. La audiencia concluirá el sábado 2 de junio. En noviembre se realizarán otros dos actos similares, de los cuales ya está definido el que tentativamente abordará el terrorismo de Estado.

La clausura de la audiencia inicial, celebrada la noche del pasado martes, corrió a cargo de Nora Cortiñas, dirigente de la Madres de la Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien se refirió particularmente a la situación de los desaparecidos en este sexenio (18 mil, según organizaciones que presentaron testimonios) y recordó la acogida que tuvieron en México miles de argentinos que huían de la dictadura militar. Vinieron para salvar sus vidas, ahora nosotros tenemos que retribuir para que haya justicia, verdad y memoria, para que termine el terrorismo de Estado.

Y luego, dirigió la consigna final: ¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!