El vocero de seguridad del gobierno de Nuevo León, Jorge Domene Zambrano, dio a conocer que a pesar de que las procuradurías General de Justicia del Estado y General de la República (PGR) ya cuentan con datos de ADN de las 49 personas halladas mutiladas de pies, manos y cabeza el pasado 13 de mayo en el poblado San Juan, municipio de Cadereyta, aún se ignora la identidad de las víctimas.

El funcionario indicó que al momento sólo seis personas que tienen algún familiar desaparecido han acudido a averiguar si su pariente está entre los 49 ejecutados de Cadereyta, pero se trata de personas cuyo paradero se ignora desde hace seis meses. Dijo que supuestamente el gobierno de Guatemala solicitaría tener acceso al ADN de todas las víctimas, pero el gobierno estatal no ha recibido la petición, y desconocía si también se había hecho a la PGR.

Por el momento, dijo Domene, al desconocerse la identidad de las víctimas tampoco se sabe si eran migrantes, habitantes de Nuevo León, de otras entidades de la República o de algún país centroamericano.

Asimismo, el funcionario anunció que la entidad recibirá apoyo en materia de seguridad directamente del gobierno de Estados Unidos, por medio de la Iniciativa Mérida. Explicó que el programa suscrito durante el gobierno de Vicente Fox funciona de gobierno a gobierno en el ámbito federal, y este año se decidió que se aplicara también a los estados, lo que dará mayor agilidad para plantear necesidades en materia de seguridad.

Señaló que Nuevo León requiere apoyo en las áreas de capacitación general para policías, agentes del Ministerio Público y en general a empleados de seguridad; infraestructura para centros penitenciarios; fortalecer la Universidad en Ciencias de la Seguridad, mejorar habilidades de inteligencia y los controles de confianza, aunque en este rubro ya se recibió ayuda el año pasado por medio del gobierno federal, con la donación de polígrafos.

Mientras, tres presuntos delincuentes murieron este miércoles tras enfrentarse contra policías federales en la cabecera municipal de Calera, 25 kilómetros al norte de la capital de Zacatecas. Además, una balacera entre elementos del Ejército Mexicano y pistoleros ocurrida ayer por la madrugada en Monclova, Coahuila, dejó tres jóvenes heridas y una muerta. Además, en Torreón fue asesinado un agente del Ministerio Público.

Tres reos fueron asesinados a balazos y seis resultaron heridos durante una riña en la cárcel de Reynosa, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas. En un comunicado, indicó que el incidente ocurrió ayer alrededor de las 13:30 horas, y precisó que dos reos perecieron en el penal y otro en el Hospital General de Reynosa.

Mientras, agentes ministeriales aprehendieron en Cuautitlán Izcalli, estado de México, a un presunto narcomenudista apodado El Gringo, que estaría relacionado con cinco homicidios, informó en su cuenta de Twitter el titular de la la Secretaría de Seguridad Ciudadana mexiquense, Salvador Neme. Indicó que el detenido formaba parte de una organización delictiva que decapitaba a sus rivales para controlar la venta de narcóticos.

En este contexto, junto con los decesos arriba mencionados, este miércoles se documentaron en total 22 muertes que tendrían relación con la delincuencia organizada, seis de ellas en Guerrero, cinco en Chihuahua, dos en Jalisco y una en Sinaloa.

Asimismo, sujetos armados atacaron a balazos dos sitios de taxis ubicados en puntos diferentes de Acapulco, Guerrero –en la calle Melchor Ocampo y sobre el bulevar Lázaro Cárdenas–, lo que dejó como saldo tres choferes heridos, informaron autoridades policiacas.

Extraditan al Gordo Villarreal

La PGR informó que el gobierno mexicano extraditó a Estados Unidos a Armando Villarreal Heredia, señalado por las autoridades federales como Gordo Villarreal.

En un comunicado, la PGR apuntó que este sujeto, a quien ubica como miembro del cártel de los Arellano Félix, será procesado ante la corte federal para el distrito sur del estado de California por la comisión de los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.

Agregó que el reclamado era responsable de dirigir, autorizar y coordinar las actividades delictivas de la organización, entre las que se encuentra homicidios, secuestros, narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero.