La Comisión Disciplinaria del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) desechó, por inoperantes, tres de las cinco quejas administrativas que se han presentado en meses recientes contra el juez federal Felipe Consuelo Soto, rector del concurso mercantil de Mexicana, aunque aún están en trámite dos de las denuncias, una de las cuales va muy avanzada y es muy probable que resulte en responsabilidades administrativas contra el impartidor de justicia, revelaron fuentes del Poder Judicial Federal.

El pasado 13 de marzo, el juez Soto fue citado a comparecer ante la Comisión Disciplinaria de la Judicatura, ya que las irregularidades que se le atribuyen son consideradas graves.

Las quejas que provocaron el citatorio fueron presentadas por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y Banorte, instituciones a las que Mexicana debe más de 2 mil 900 millones de pesos, alrededor de 26 por ciento de sus pasivos totales.

Los inconformes denunciaron a Consuelo por prolongar durante año y medio la etapa de conciliación del concurso mercantil, en contra del mandato expreso de la ley de que sólo puede durar 365 días naturales, así como por decretar en febrero pasado una suspensión indefinida de dicha etapa mientras algún inversionista capitaliza la empresa.

El juez ha adoptado una evidente postura a favor de la comerciante y sus trabajadores, lo que se traduce en que su criterio y decisiones dentro del procedimiento se vean afectadas de una evidente parcialidad, afirmaron ASA y el AICM en sus respectivas quejas, presentadas el 17 de febrero.

Banorte, que es el principal acreedor privado de Mexicana, ofreció una certificación notarial del video disponible en YouTube, en el que Consuelo arenga a los trabajadores de Mexicana durante una reunión celebrada el 30 de noviembre de 2011.

El banco también denunció al juez por haber dictado medidas precautorias en las que protegió a avales, obligados solidarios y garantes de Mexicana que no se acogieron al concurso, así como por afectar el patrimonio de fideicomisos que no eran propiedad de la aerolínea y por modificar su sentencia de reconocimiento de créditos sin que mediara recurso legal, entre otras irregularidades.