Saltillo, Coah., 7 de mayo. En su travesía por México rumbo a Estados Unidos, centroamericanas de todas las edades son violentadas por miembros de organizaciones criminales, policías, militares y delincuentes comunes, advirtió el sacerdote Pedro Pantoja Arreola, asesor de la Casa del Migrante Belén, ubicada en esta ciudad.

Las mujeres migrantes padecen violencia en todo el territorio mexicano, aunque es más frecuente en la zona sur, y en buena medida se debe a la degradación social, opinó el responsable de la pastoral social de la diócesis de Saltillo.

En entrevista, aseguró que entre las víctimas hay niñas, adolescentes y ancianas. La edad no es factor determinante para que las mujeres sean violadas. Acabamos de tener el caso de una señora de 60 años, citó.

La finalidad de estas atrocidades no es el placer sexual, sino causar daño, violentar a las mujeres como parte de un ritual maldito del cual queremos que las centroamericanas que pasan por México se liberen, mencionó.

Según víctimas y testigos de las agresiones que han relatado sus experiencias a defensores de los derechos humanos, desde el sureste hasta el norte del país los atacantes no sólo son delincuentes propiamente dichos, sino también servidores públicos, entre ellos policías y soldados. “Hay quienes aprovechan la oportunidad para delinquir; no necesariamente son zetas, sino delincuentes comunes”, sostuvo.

Recuperar cuerpos, un viacrucis

Pantoja participó en la presentación de un programa del refugio Belén y otras casas protectoras de migrantes centroamericanos para que éstos reciban información sobre los derechos que tienen al atravesar el país.

Aseguró que pese a la insistencia de organizaciones sociales y religiosas como la que él encabeza, persiste el desinterés de las autoridades en frenar las vejaciones a los migrantes y sus familiares.

Detalló que ha habido extranjeros asesinados en México hace más de un año y las autoridades ni siquiera han hecho el intento de indentificarlos.

Citó el caso de los 72 migrantes centroamericanos que fueron secuestrados y masacrados por miembros del crimen organizado en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010.

Muchos cadáveres no han sido entregados a sus familiares. Madres, padres y hermanos de los muertos han tenido que pasar un viacrucis, pues las autoridades los han llevado de Tamaulipas al Distrito Federal para identificar los cadáveres y cuando lo consiguen les dicen que no se los pueden llevar, anotó.

Aseveró que en otros casos las autoridades mexicanas han entregado a familias de migrantes ataúdes sellados que sólo contienen tierra y restos de animales.

Con tal de que las familias dejen de insistir en saber el destino de sus seres queridos violentados en México, las autoridades les hacen creer que se trata de ellos, pero les impiden abrir los ataúdes con el argumento de que hay riesgos epidemiológicos, cuando no hay restos humanos, explicó.

No se vale que engañen y se burlen de la gente que sólo busca una explicación sobre el destino de sus hijos, y en su caso, recuperar los cadáveres para llevarlos a sus países, enfatizó.