a noche del domingo pasado, tras el intercambio entre candidatos presidenciales que tuvo lugar en un auditorio del World Trade Center, la reportera de este diario Karina Avilés fue víctima de maltrato verbal por personal de Comunicación Social de la campaña de Josefina Vázquez Mota, a cargo de Irma Pía González Luna Corvera. Tras ese encuentro, la aspirante presidencial panista tuvo reuniones con simpatizantes suyos y con representantes de los medios. Entre una y otra, nuestra reportera fue invitada, junto con otros comunicadores, a trasladarse en el automóvil de una colaboradora de Pía González y en el trayecto, cuando supo que Karina Avilés trabaja en La Jornada, la injurió de esta forma: Vete con la gente de Peña Nieto, porque ellos sí tratan bien a los reporteros; si no, pregúntales por el maletín de 300 mil pesos que llevan en cada gira. Ante el insulto, la reportera hubo de bajarse del automóvil en un sitio solitario y en plena noche.

Lamentablemente, no se trata de un episodio aislado. En fecha reciente, este diario decidió retirar a la reportera Claudia Herrera Beltrán de la cobertura de la fuente presidencial debido a la hostilidad regular y los malos tratos verbales de que estaba siendo objeto por personal adscrito a la Presidencia.

No es procedente, pues, suponer que el atropello experimentado por Karina Avilés la noche del debate entre candidatos presidenciales haya sido un hecho aislado, producto de la iniciativa de una empleada. Los funcionarios de las dependencias gubernamentales y de los aparatos partidistas suelen conducirse con base en órdenes –o, cuando menos, lineamientos– superiores. Por lo demás, entre el hostigamiento experimentado por Claudia Herrera Beltrán en la fuente de Los Pinos y la agresión verbal sufrida antenoche por Karina Avilés hay un denominador común: la filiación política de quien detenta la presidencia de la República y de la aspirante oficialista a sucederlo en el cargo.

Tales comportamientos parten, por lo demás, de una preocupante falta de entendimiento de la función de los medios y de los informadores, y de los términos profesionales e institucionales que deben regir la relación entre ellos y los funcionarios y políticos a quienes dan seguimiento informativo.

Por otra parte, las agresiones referidas indican que hay un desconocimiento en quienes las cometen de que las áreas de prensa y de comunicación social de las dependencias oficiales, e incluso las de partidos y de campañas, operan con recursos públicos –es decir, con dinero de todos– y que es por demás impropio proceder, en esas instancias, con base en fobias ideológicas, animadversiones personales o criterios patrimonialistas que no sólo ofenden al oficio informativo sino también a las más básicas maneras republicanas.

Por lo demás, da la impresión de que en el equipo de Josefina Vázquez Mota imperan el nerviosismo, la descoordinación y el desorden, que los errores de la candidata se replican en sus colaboradores y que ello se traduce, en el área de Comunicación Social, en una operación descuidada y negligente que culmina en grosería hacia algunos informadores.

La Jornada se ha empeñado en llevar a cabo una cobertura equilibrada y veraz de las diversas instancias del poder público, con independencia del origen partidista de quienes las encabezan, y de las campañas electorales en curso de todas las formaciones políticas con registro, y ha encontrado, en casi todas las circunstancias, y de casi todos los actores, un trato respetuoso. Las muestras de hostilidad referidas se circunscriben a funcionarios y candidatos afiliados a Acción Nacional.

En consecuencia, esta casa editorial demanda a funcionarios y aspirantes a cargos de representación popular procedentes de ese partido un trato respetuoso e institucional para nuestros colaboradores.