l pasado jueves, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó, por mayoría, un amparo al líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), Napoleón Gómez Urrutia, en contra de la determinación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de negar la toma de nota a esa agrupación sindical en junio de 2008, lo que obliga al gobierno federal a reconocer la personalidad jurídica del gremio y a su dirigente. De acuerdo con los ministros que avalaron el amparo, la dependencia federal actuó indebidamente al ir más allá de la confirmación del cumplimiento o verificación de los requisitos formales marcados en la ley para otorgar el registro a una organización sindical, y se extralimitó, por tanto, de sus facultades legales en la materia.

El fallo de la corte se suma al emitido por un tribunal federal el pasado 25 de abril en el sentido de cancelar la única orden de aprehensión que se mantenía vigente en contra del líder minero por presunto desvío de fondos pertenecientes a su gremio, por lo que, de acuerdo con los abogados del SNTMMSRM, Napoleón está con un pie en México luego de más de seis años de exilio en Canadá.

Las resoluciones del Poder Judicial a favor del sindicato minero y su dirigencia dejan al descubierto el carácter injustificable de la persecución y el acoso de que ha sido objeto ese gremio durante las dos administraciones federales panistas, actitudes que tuvieron como punto crítico la tragedia de la mina de Pasta de Conchos (19 de febrero de 2006) y los posteriores intentos de las autoridades por encubrir la responsabilidad patronal en el hecho que costó la vida a 65 trabajadores mineros.

Cabe recordar que en los días posteriores a la tragedia, y ante las críticas formuladas por Gómez Urrutia por la irresponsabilidad de la empresa y de las autoridades encargadas de supervisar las condiciones laborales imperantes en el socavón siniestrado, el gobierno foxista, que hasta entonces mantenía buenas relaciones con la dirigencia sindical, emprendió una injerencia abierta e ilegal en la vida interna de la organización –cuyo componente central fue, justamente, la negación de la toma de nota al líder sindical–, que llevó al punto de pretender imponerle, por conducto de la STPS, una cúpula espuria. En el sexenio calderonista persistió la intromisión gubernamental en los asuntos de la organización e incluso se extendió a otros ámbitos, como ocurrió con la campaña de desconocimiento de la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, encabezada por Martín Esparza, y el apoyo oficial brindado a la disidencia encabezada por Alejandro Muñoz.

Tanto más impresentable ha resultado la utilización, en estos episodios, de las dependencias gubernamentales encargadas de procurar o impartir justicia como instrumentos de golpeteo político de opositores.

Resulta significativo al respecto que el desempeño de la Procuraduría General de la República durante el conflicto minero no se haya destacado por esclarecer la tragedia de Pasta de Conchos o los atropellos policiales cometidos contra los trabajadores del gremio en Sicartsa o en Cananea, sino por su empecinamiento en presentar, mediante acusaciones no sustentadas y ahora desestimadas por los tribunales, como delincuente a alguien que, en estricto rigor legal, es inocente.

La embestida gubernamental contra el gremio minero y su dirigente es emblemática, en suma, de la política oficial de hostigamiento a las expresiones del sindicalismo independiente que fue inaugurada hace décadas por las presidencias priístas y que ha sido retomada y profundizada bajo las administraciones blanquiazules. En lo inmediato, y habida cuenta de los fallos judiciales favorables al sindicato minero, es pertinente y necesario que se investigue y se esclarezca la responsabilidad política en que pudieron haber incurrido los distintos funcionarios –empezando por Francisco Javier Salazar Sáenz y Javier Lozano Alarcón, titulares de la STPS durante los gobiernos de Fox y de Calderón, respectivamente– que participaron en la persecución transexenal contra el gremio.