n medio de la campaña de linchamiento mediático en contra del gobierno de Bolivia por la expropiación de la compañía Transportadora de Electricidad, propiedad de Red Eléctrica Española (REE), el presidente de ese país, Evo Morales, sostuvo ayer que las inversiones de la petrolera española Repsol en la nación andina no corren riesgo y que la compañía será respetada como socio. Estos señalamientos tienen como inevitable telón de fondo la reciente nacionalización la filial de Repsol en Argentina, YPF, hecho que desató una oleada de descalificaciones y amenazas en contra del gobierno que encabeza Cristina Fernández.

El ministro boliviano de Hidrocarburos, Juan José Sosa, manifestó ayer mismo la voluntad del gobierno de La Paz por compensar económicamente a REE por las inversiones realizadas en el país. Dijo: vamos a contratar una empresa que haga la valoración de todos los activos que tiene la empresa y afirmó haber tratado el asunto en términos bastante amistosos con el ministro español de Industria, José Manuel Soria.

Las aseveraciones del mandatario boliviano y, en general, la postura serena y conciliadora que ha asumido su gobierno en torno a la nacionalización de la compañía eléctrica referida desvirtúan las descalificaciones formuladas por medios de comunicación españoles, en el sentido de presentar la decisión como un expolio, un atentado a la libertad de empresa y un acto de abuso de poder contra España, y de colocarla, en conjunto con la medida adoptada semanas atrás por el régimen de Buenos Aires, como parte de una tendencia por afianzar en América Latina regímenes carismáticos a costa de expoliar propiedades privadas o de otros países. Semejantes afirmaciones resultan palmariamente falsas a la luz de las diversas alianzas existentes entre empresas extranjeras y gobiernos progresistas de la región, como el del propio Morales en Bolivia; el de Hugo Chávez en Venezuela –país en el que la propia Repsol cuenta con importantes inversiones– o los de Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil.

Por lo demás, los ataques mediáticos enderezados en días recientes contra los gobiernos de La Paz y de Buenos Aires tienen origen en el deconocimiento o en la omisión de una de las facultades básicas e irrenunciables de los estados: intevenir los intereses de entidades privadas cuando representen un obstáculo para el desarrollo y la soberanía nacionales. No es gratuito que medidas similares a las asumidas recientemente por los gobiernos de Morales y de Fernández hayan sido adoptadas en su momento por regímenes nacionales de distinto signo político y en circunstancias históricas diversas: baste citar, como botones de muestra, la política de intervencionismo estatal emprendida por el gobierno de Franklin D. Roosevelt en el contexto del programa de reactivación económica conocido como New Deal, tras el crac de 1929; la nacionalización de gran parte de la industria en Francia bajo la presidencia de Charles de Gaulle (1959-1969) y la política de expropiaciones llevada a cabo por los gobiernos laboristas ingleses a finales de la década de los 40.

En suma, las expropiaciones de empresas estratégicas del sector energético en Argentina y Bolivia no están motivadas por animadversiones o fobias personales hacia consorcios, ni mucho menos hacia países en particular, sino por la identificación de necesidades específicas para el desarrollo nacional de esas naciones sudamericanas. Y constituyen, en ese sentido, ejemplos de aplicación legal y legítima del principio de soberanía y decisiones responsables, en la medida en que anteponen el bien común a los intereses privados.