Aunque la fecha programada para realizar la evaluación universal está en puerta, el grupo de trabajo, conformado por integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), acordó, a petición del gremio, tomarse el puente del primero de mayo para luego reanudar sus tareas.

Fuentes del sindicato señalaron que será el titular de la dependencia, José Ángel Córdova Villalobos, y la maestra Elba Esther Gordillo, quienes harán el acuerdo definitivo respecto a la fecha de la prueba, ya que esto se debe ponderar en términos de Estado, de gobernabilidad.

En Durango, Córdova Villalobos hizo un reconocimiento a las instituciones públicas y particulares que han dicho sí a la evaluación universal y a refrendar con calidad la educación.

En la inauguración de la asamblea general de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (Fimpes), destacó el compromiso de los centros de estudio que integran esta agrupación con el reto de avanzar en la evaluación. No por nada, añadió, la mayoría de estas instituciones particulares de mayor prestigio integran la Fimpes.

La SEP mantiene su posición de que la evaluación universal se realice el próximo 24 de junio, mientras que el SNTE insiste en que no existen condiciones para hacerlo en este ciclo escolar, el cual concluye el próximo 6 de julio, una semana después de las elecciones.

Al término del encuentro del grupo de trabajo, el cual se prolongó por tres horas, Emma Rubio, integrante de dicha comisión por la parte sindical, señaló, en entrevista, que en esta primera cita acordaron la agenda que llevarán durante las reuniones.

Así, los trabajos estarán guiados por las siguientes temáticas que el sindicato denominó incumplimientos de los compromisos: la primera de ellas tiene que ver con los trayectos formativos (cursos de actualización), lo que significa que deberán establecer los créditos, el catálogo de cursos, los requisitos, la validez y las instituciones que los ofrecen, dijo.

En este sentido, destacó que se debe dar prioridad a instituciones públicas que forman parte del sistema, como son las escuelas normales o la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). También se tendrá que aclarar lo relativo al presupuesto para la formación continua –en este sentido, la SEP ha señalado que hay una bolsa de 400 millones de pesos para la formación de maestros evaluados– y dotar no de mayor, sino de plena autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), indicó Rubio.

Por otra parte, grupos de maestros encabezados por el secretario general del Comité Nacional Democrático del sindicato, Artemio Ortiz, acudieron este jueves a Los Pinos, a las secretarías de Gobernación, de Educación Pública y al Issste para entregar su pliego de demandas, en el cual se exige cancelar la evaluación universal y demanda la salida inmediata de Gordillo del gremio. Ratificaron que continuarán con su plan nacional de inhibición, que consiste en boicotear dicho examen.