egún el inquilino de Los Pinos, en su sexenio se generaron muchísimas oportunidades para que los mexicanos vivan mejor, situación que a la vez motivó el retorno de gran número de paisanos que emigraron a Estados Unidos en busca de ingreso y bienestar. Lo fue a presumir en la capital estadunidense, como si los receptores del mensaje, los integrantes de la Cámara Americana de Comercio, no supieran de qué color están las cosas en el país que Calderón dice representar.

Luego de escuchar tan temeraria declaración, la mexicanada –la de aquí y la que se fue a instalar al vecino del norte– se pregunta si el discurso de Calderón fue chiste, acertijo o simple muestra de cinismo, porque en los hechos las oportunidades que presume se traducen, entre muchas otras, en 12 millones adicionales de pobres y un profundo deterioro laboral en el país, sin olvidar la caída del poder adquisitivo. En realidad, como bien apunta el Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, campus estado de México, “el sacrificio de poseer tasas más bajas de desocupación, a cambio del desmoronamiento social parece que ha sido la estrategia política más efectiva para encubrir la cruda realidad económica y social del país y así poder mantener la ‘sostenibilidad’ del modelo económico”.

En su más reciente reporte analítico (Pobreza y empresas, sin una solución de fondo), el CIEN subraya que la tasa oficial de desocupación en el país correspondiente a marzo pasado fue de 4.62 por ciento, un porcentaje igual al registrado en el mismo periodo de 2011, la cual además no contempla el mundo subterráneo de la informalidad, la subocupación y las condiciones precarias de los trabajadores mexicanos; una vez más ha quedado claro que el crecimiento económico ha sido insuficiente para elevar el bienestar social. Es más, si se toma como referencia el promedio de los tres primeros meses de 2012, la tasa oficial de desocupación se encuentra en niveles semejantes a los reportados durante la crisis de 2009, por lo que la recuperación ha sido muy lenta.

Es necesario recalcar, apunta el CIEN, que la creación de plazas laborales se ha desacelerado, y que algunas personas ocupadas enfrentan presiones económicas que las encaminan a una situación de pobreza, lo que es atribuible a la continua precarización del empleo: bajos salarios, escasas prestaciones, nulo acceso a los sistemas de seguridad social e inexistencia de contratos por escrito como elementos más comunes. Así, el problema del mercado laboral mexicano es tanto de baja generación de empleos como de ingreso precario, y a raíz de ello puede entenderse por qué la estructura empresarial no puede subsanar el problema de pobreza.

El 93.3 por ciento de las unidades económicas del país son microempresas que emplean entre cero y 10 trabajadores. Las estadísticas disponibles señalan que estas microempresas no son garantes de una mejora en la calidad de vida de la población; básicamente por las condiciones de precariedad laboral que tienen sus trabajadores, el escaso acceso al financiamiento, la baja esperanza de vida de dichos negocios y el nulo valor agregado que generan a la economía. Las microempresas no son un factor para revertir el problema de la pobreza”.

Si bien en los estados de la República con mayores niveles de pobreza reportan menor tasa de desocupación, la explicación es sencilla: es así no porque tengan un mejor desempeño económico, sino por la migración de personas que están en búsqueda de mejores oportunidades en otras entidades del país, en Estados Unidos o que se han incorporado a la economía informal. Como ejemplo se tiene a Guerrero, Oaxaca y Puebla (donde el gobernador dilapida recursos públicos para promoción personal), que si bien poseen una tasa de desocupación inferior al promedio nacional, también coexisten con un elevado porcentaje de población en pobreza. Además poseen un número elevado de empresas, pero ello no inhibe el aumento de la marginación. De igual manera el estado de México tiene el número más elevado de unidades económicas, pero mantiene un elevado nivel de pobreza.

Sólo 830 mil patrones, de un universo de 3.5 millones de unidades económicas, se encuentran registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que si bien la formalidad tiene un vínculo positivo con la creación de empleo, el problema de fondo es que las empresas registradas ante el IMSS son minoría (una de cada cuatro). El Distrito Federal, estado de México, Jalisco y Nuevo León son las entidades que mantienen dicho vínculo ya que no sólo se caracterizan por tener mayor número de empresas, sino que éstas también son más grandes.

Es preocupante que a mayor número de microempresas, mayor pobreza. Sin lugar a dudas ello es relevante, ya que la mayor parte de las unidades económicas en México son micro negocios o pequeñas empresas. Una explicación podría encontrarse en el hecho de que una parte sustancial de los pequeños negocios enfrenta condiciones adversas: baja esperanza de vida, nulo acceso al crédito, un sistema fiscal poco favorable y bajo valor agregado. Por ello no se encuentran en capacidad de pagar bien a sus empleados y dotarlos de seguridad social, que permita garantizar un estado mínimo de bienestar. Muchas de ellas operan en la informalidad, por lo que su funcionamiento depende de otras actividades que en el extremo pueden ser ilícitas.

La otra cara de la moneda es que algunas de las unidades económicas que generan más empleo también pueden ser monopolios u oligopolios, por lo que tienen un efecto negativo sobre el resto de la cadena productiva y el bienestar de la población. Por tanto, si bien se necesitan más empresas para impulsar el empleo y el bienestar, en realidad debe tenerse conciencia que la solución es mucho más compleja a una reforma laboral, como la propuesta oficialmente. Si en verdad los candidatos a la Presidencia desean resolver esta situación deberán plantear un proyecto de nación integral, pues de otra manera el efecto de su potencial gestión será marginal.

Las rebanadas del pastel

Alegraos, mexicanos deudores, que si ustedes son obligados a pagar voluminosas cuan crecientes facturas de la CFE, a la Cámara de Diputados le llegan recibos verdaderamente escuálidos: a lo largo de la actual Legislatura, San Lázaro apenas pagó 15 mil 332 pesos por consumo eléctrico (¡mil 22.13 pesos por bimestre!), con todo y que el inmueble que alberga a los representantes populares comprende el enorme salón de sesiones y siete edificios de cuatro pisos cada uno, cuando menos (La Jornada, Enrique Méndez y Roberto Garduño). Entonces, ¡exijamos las mismas tarifas eléctricas para nuestros hogares!

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