Por segunda ocasión, el Instituto Federal Electoral (IFE) encontró responsable de violentar la Constitución al presidente Felipe Calderón, ahora por la distribución de cartas bajo su firma que realizó el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sin embargo, el proyecto que hoy discutirá –y en su caso aprobará– el instituto admite que en nuestro régimen, el Presidente no es sujeto de juicio político, sino sólo de responsabilidad penal por traición a la patria u otros delitos graves, por lo que es imposible sancionarlo.

Al mismo tiempo, el IFE exculpará a la aspirante presidencial panista, Josefina Vázquez Mota, de una primera cadena de quejas que promovió en su contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por presuntos actos anticipados de campaña en su toma de protesta en el estadio Azul, así como un encuentro que sostuvo con mujeres en el Auditorio Nacional y una reunión con funcionarios universitarios agrupados en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies).

Amonestación pública a AMLO

Durante lo que se espera será una larga sesión del Consejo General, también se impondrá la primera sanción a un candidato presidencial en la persona de Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Progresista (PRD-PT-Movimiento Ciudadano), al que se encontró responsable de actos anticipados de campaña por el mitin que efectuó en la sede del propio IFE, el día de su registro, donde hizo una amplia exposición de su plataforma electoral. El tabasqueño será amonestado públicamente y también los partidos que lo postulan, por no impedir que ocurrieran esos hechos.

Por otra parte, en lo concerniente al presidente Calderón, se dijo que en 2010 el gobierno federal transmitió espots sobre logros en materia de salud, mientras 15 entidades estaban en proceso electoral, y hubo la transmisión de una cadena nacional donde el titular del Ejecutivo emitió un mensaje para hablar sobre la inseguridad, las acciones federales instrumentadas, y conminaba a los gobiernos estatales a seguir su ejemplo.

En aquella ocasión, el IFE consideró que Calderón violentó la Constitución, lo cual fue confirmado posteriormente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En el episodio más reciente, la distribución de cartas, de manera precautoria el instituto había ordenado suspender la entrega de las misivas firmadas por Calderón –donde agradecía el cumplimiento de obligaciones fiscales–, a la espera de concluir el procedimiento especial sancionador, que hoy tendrá un primer desenlace.

En ese contexto, el PRI se quejó de una carta del mandatario federal –distribuida por el SAT– en que da a conocer a los contribuyentes el destino de los recursos captados de los impuestos y los logros alcanzados. Nos encontramos ante la presencia de difusión de propaganda gubernamental en la que se promueve su nombre con la utilización de recursos públicos, los cuales no fueron ejercidos con imparcialidad, como lo dispone la legislación, se dijo.

Si bien es válido realizar propaganda gubernamental con recursos públicos, no lo es para provocar desigualdad en las elecciones, porque se estaría haciendo uso indebido de la posición de primacía que ocupa para obtener ventajas indebidas en resultados electorales en favor o en contra de determinados candidatos. Empero, de la revisión de la Constitución se advierte que el Ejecutivo federal se encuentra investido de una inmunidad casi total, y sólo puede ser castigado bajo supuestos extremos.

Por lo que hace a Andrés Manuel López Obrador, el proyecto del IFE subraya que se consideró que las conductas atribuibles al actual candidato a la Presidencia de la república resultaron contrarias a la normativa comicial, en virtud de que cometió actos anticipados de campaña. Su discurso pronunciado el día de su registro, el pasado 22 de marzo, violentó los principios de legalidad y equidad, pues éstos se traducen en consonancia de oportunidades para la promoción de la imagen de los candidatos, señaló el instituto.