El año pasado la Contraloría General del Distrito Federal abrió indagatorias contra 2 mil 150 servidores públicos de distintas dependencias capitalinas. De ellos, mil 408 fueron sancionados por diversas irregularidades, entre éstas incumplimiento de normas, deficiencias en procesos administrativos y autorización de pagos sin sustento, reveló el titular de ese órgano, Ricardo García Sáinz.

Durante su comparecencia ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el funcionario detalló que a partir del comienzo del proceso electoral, el 7 de octubre pasado, se incrementaron las investigaciones contra la burocracia capitalina, pero hasta la fecha, aseguró, no se ha descubierto ningún desvío de recursos hacia las campañas políticas.

Comentó que se ha puesto énfasis en los rubros más susceptibles de ser utilizados para ese fin, como celebración de contratos, asignación de compras y manejo interno del personal. Parece paradoja. Donde se dice que hay sensación de desvío de fondos para las campañas, nosotros revisamos con mayor cuidado los renglones por los cuales podría haber esa salido de dinero, y puedo decirles que no hay, apuntó.

En cuanto a los funcionarios investigados, García Sáinz explicó que en la mayoría de los casos se trata de mandos medios, quienes incluso se han visto involucrados en enriquecimiento ilícito y venta de protección de tareas indebidas.

Ello, agregó, debemos entenderlo como fracaso de nuestras políticas básicas, porque nos hemos concentrado en el esfuerzo de las tareas preventivas.

El contralor capitalino señaló que también se descubrieron irregularidades en la aplicación del presupuesto participativo en varias delegaciones, relacionadas con incumplimientos en los calendarios de obra o malversación de fondos para otros rubros.