La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y organizaciones civiles hicieron ayer un llamado a la Cámara de Diputados para que regrese a comisiones el proyecto de Ley General de Protección Integral de los Derechos de la Niñez, a fin de abrir un debate público para complementar y restructurar esa propuesta, que deberá votarse antes del próximo 30 de abril.

Ayer por la mañana, una treintena de integrantes de organizaciones civiles y de la Redim hicieron un mitin en el Ángel de la Independencia para demandar a los diputados modificar ese proyecto de ley que aprobaron en comisiones hace unas semanas, debido a que la nueva ley que elaboraron los legisladores no responde plenamente a la Convención sobre los Derechos del Niño, de la ONU, aprobada en 1989.

Con dos grandes pancartas en las que se leía:Necesitamos gastar 5 mil millones de pesos al año para que se voten leyes que no protejan a tus hijos e hijas, y Diputados y diputadas, la infancia necesita una ley de altura que proteja sus derechos, sería grave que se aprobara una legislación reprobada por su mala calidad, los miembros de organizaciones civiles hicieron un llamado a cada uno de los legisladores a atender la obligación del artículo 4 constitucional que prioriza el interés superior de la infancia sobre cualquier otro beneficio partidista o acuerdo político.

Los integrantes de Redim y organizaciones de la sociedad civil usaron sombrillas negras como acto simbólico para lograr una verdadera ley general que promueva y proteja los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país.

Destacaron que la nueva ley, que aprobaron ya en comisiones, “está por pasar al pleno para su discusión y aprobación, pero ese proyecto está reprobado en el análisis por medio del índice de medición de calidad de leyes en el marco normativo de los derechos de la infancia. Dicha iniciativa alcanza 4.4 en una escala de 10 puntos en la armonización con la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, y se quedan sin atender las recomendaciones y observaciones realizadas al Estado mexicano por el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, por ejemplo en venta, pornografía y prostitución infantil; así como en la participación de niños en conflictos armados y en la relativa a tortura y tratos crueles y degradantes.

Sostienen las ONG que el paradigma jurídico del proyecto de la nueva ley se mantiene en una mirada asistencial de la infancia, que niega la participación ciudadana en la vida pública del país.